El caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del sur de México, llegó a su fin este miércoles luego de que una jueza federal ordenara el cierre del proceso y la liberación inmediata de dos trabajadores que permanecían en prisión desde enero.
La resolución, dictada por la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, se dio en el marco de la causa penal 7/2026, tras validarse acuerdos de reparación del daño entre las víctimas y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operada por la Secretaría de Marina.
El accidente, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi un centenar de lesionadas, convirtiéndose en uno de los siniestros ferroviarios más graves en años recientes en el país.
Acuerdos reparatorios cerraron la vía penal
El cierre del caso se concretó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos económicos como compensación por los daños sufridos.
Este mecanismo permitió la extinción de la acción penal, lo que legalmente impide continuar con el juicio y deja sin efecto las acusaciones contra los imputados.
Los trabajadores liberados fueron el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despacho Ricardo Mendoza Cerón, quienes enfrentaban cargos por homicidio culposo y lesiones culposas y se encontraban recluidos en el penal de El Amate.
En tanto, el maquinista, señalado como el principal responsable, permanecía prófugo hasta el último reporte disponible.
FGR atribuye accidente a exceso de velocidad
En su informe final, la FGR concluyó que el descarrilamiento se originó por exceso de velocidad en una zona de curvas, además de fallas en la operación por parte de la tripulación.
El tren circulaba por un tramo montañoso en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde las condiciones exigían una conducción controlada.
La Fiscalía descartó responsabilidad de la Secretaría de Marina en la construcción u operación del proyecto, al asegurar que la infraestructura ferroviaria cumplía con los estándares técnicos, incluyendo vías, durmientes y balasto.
Sin embargo, versiones previas y análisis independientes habían señalado posibles deficiencias técnicas y operativas, lo que generó cuestionamientos sobre si el caso fue investigado a fondo o si se priorizó una conclusión centrada únicamente en el factor humano.
Un caso que impacta proyecto estratégico
El accidente representó un golpe significativo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, considerado un proyecto clave del Gobierno federal para conectar el océano Pacífico con el Atlántico y competir como alternativa logística frente al canal de Panamá.
Impulsado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, este sistema ferroviario busca detonar el desarrollo económico del sur-sureste del país mediante el transporte de mercancías y pasajeros.
El cierre del caso ha generado debate, ya que, pese a la magnitud del accidente, no habrá sanciones penales tras los acuerdos alcanzados, lo que deja abiertas interrogantes sobre la responsabilidad real en uno de los episodios más críticos del proyecto.