CFE advierte sobre el uso ilegal de 'diablitos' en México
Estos aparatos permiten a los usuarios registrar menor consumo eléctrico del real, generando pérdidas económicas para la empresa.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la principal proveedora de energía eléctrica en México, responsable de abastecer a más de 40 millones de hogares y empresas.
Como empresa pública, su misión incluye la generación, transmisión y distribución de electricidad, lo que la convierte en un pilar esencial para el desarrollo económico y social del país, sin embargo la empresa enfrenta un desafío significativo: la manipulación ilegal de medidores de luz mediante dispositivos conocidos popularmente como "diablitos".
Este tipo de manipulación es una práctica común entre algunos usuarios que buscan pagar menos por el servicio eléctrico. Los "diablitos" alteran el funcionamiento del medidor, registrando un consumo de energía menor al real.
Aunque algunos puedan verlo como una forma de ahorrar dinero, las consecuencias legales y financieras son mucho más graves que los beneficios temporales que pueda generar.
Entre las técnicas más comunes se encuentran el uso de imanes, puentes eléctricos y dispositivos de interferencia que alteran las lecturas del medidor. Además, algunas personas añaden cables adicionales para desviar la corriente antes de que pase por el medidor o incluso modifican componentes internos del dispositivo.
La manipulación de los medidores es ilegal y puede tener consecuencias tanto para los usuarios como para la CFE.
Por su parte, la empresa estima que existen alrededor de 75,000 medidores alterados en todo el país. Esto no solo afecta sus finanzas, sino que también impacta a los usuarios honestos, quienes terminan pagando tarifas más elevadas para compensar las pérdidas. L
La manipulación de los medidores de luz está contemplada en el Código Penal Federal, con penas que van de tres a diez años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los mil días de salario mínimo, lo que en 2024 equivale a aproximadamente 66,000 pesos.
Además de las sanciones penales, los infractores también deben pagar la reconexión de luz, la cual tiene un costo que varía entre 55 y 91 pesos, dependiendo del tipo de facturación y el número de hilos en el sistema de conexión.
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