Calderón llama a unidad para proteger a periodistas, activistas y candidatos

"Reitero a todas las dependencias federales de la instrucción que avancen en la puesta en marcha de mecanismos eficaces de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas", indicó el gobernante mexicano en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011. Calderón destacó la necesidad de unir fuerzas con la sociedad "en lugar de confrontarlas", para dar seguridad a los organismos sociales, comunicadores, partidos políticos, y a los ciudadanos, para preservar la vigencia y supervivencia de la democracia mexicana. Exhortó a las autoridades electorales a explorar mecanismos para ofrecer una "protección efectiva de candidatos y de activistas, en los procesos electorales, particularmente en los que se avecinan". "Ésta es una tarea urgente que demanda toda nuestra atención, y el Gobierno Federal así lo asume", señaló el mandatario. Calderón lamentó que hasta ahora ni el Gobierno federal, ni los estatales, ni municipales, hayan sido "capaces de contener la escalada de agresión y de violencia en contra de activistas, de periodistas y, también, de candidatos y autoridades constitucionales". Advirtió que no se puede permitir que la delincuencia limite los derechos y libertades y pidió a todos los sectores que repudien "de manera clara y contundente" todas las formas de violencia criminal en contra de actores destacados en la vida pública del país. Calderón consideró al crimen organizado como la "principal amenaza" contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, contra la vida, la seguridad y el patrimonio de las personas. "México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes, tanto del orden común, como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas", recordó Calderón. Desde el comienzo de su Gobierno en diciembre de 2006, Calderón ordenó una estrategia de lucha frontal contra las organizaciones criminales, lo que provocó una reacción violenta de los cárteles que ha dejado cerca de 50.000 muertos. Calderón aseguró que en respuesta al "clamor de ayuda" de los ciudadanos, el Gobierno ordenó apoyar a las autoridades estatales y locales para combatir a la delincuencia y a su violencia "en estricto apego a la ley". Afirmó que las Fuerzas Armadas deben conducirse con pleno respeto a los derechos humanos y asumen sus "deberes constitucionales y legales", que son principalmente cumplir y hacer cumplir la ley.

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