La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, obteuvo una nueva victoria en los tribunales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el blindaje jurídico que impide que la funcionaria morenista sea investigada, auditada o separada de su cargo, a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra por un presunto desfalco millonario.
Un muro legal infranqueable
En una sesión reciente, el pleno de la SCJN declaró infundados cuatro recursos de reclamación promovidos por el Congreso del Estado de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Estos organismos buscaban reactivar las indagatorias contra la edil por el presunto manejo irregular de $898 millones de pesos de recursos federales del ejercicio fiscal 2023.
Con esta decisión, los ministros confirmaron la validez de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025, manteniendo vigentes las medidas cautelares que protegen a López Rodríguez.
El proyecto, respaldado por las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías, así como por el ministro Giovanni Figueroa, deja claro que, por ahora, la alcaldesa no podrá ser removida ni fiscalizada por dichas instancias.
El origen de la controversia
La acusación central de la ASE señala un opaco manejo de fondos provenientes del Ramo 33, dinero etiquetado para obras de drenaje y alcantarillado, reforzamiento de la seguridad pública y programas sociales.
Pese a que en junio de 2025 se presentó una denuncia formal por ejercicio ilícito del servicio público, el proceso se mantiene congelado. Mientras la ASE sostiene que no hay claridad sobre el destino de los recursos, la defensa jurídica de Acapulco ha logrado bloquear cualquier intento de rendición de cuentas.
Lujos bajo la lupa
El fallo de la Corte ocurre en un clima de indignación social en Acapulco. A la par del proceso legal, la alcaldesa ha sido blanco de críticas tras ser captada utilizando un collar de una exclusiva firma francesa, valuado en más de $200,000 pesos.
Ante los cuestionamientos sobre cómo una funcionaria bajo la política de austeridad puede costear tales lujos, su respuesta fue tajante: aseguró que se trató de un "regalo del pueblo". Sin embargo, para los ciudadanos de un puerto que aún padece deficiencias en servicios básicos, la explicación resulta insuficiente frente a los $898 millones de pesos, cuyo paradero sigue siendo un misterio.
Un Poder Judicial bajo cuestionamiento
La resolución ha reavivado el debate sobre la imparcialidad de los jueces en el actual contexto político. Críticos y opositores cuestionan si el respaldo de los magistrados —en el marco de la reciente reforma judicial— representa una aplicación técnica de la ley o un acto de encubrimiento político hacia una figura clave del partido en el poder.
Por el momento, bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, la SCJN ha dejado la última palabra: Abelina López permanece legalmente intocable.