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A tres años del accidente de Pasta de Conchos

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Detalló que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha gestionado indemnizaciones por cada trabajador que van de un millón 100 mil pesos a un millón 400 mil pesos, superiores a las que tienen derecho por ley los beneficiarios de las víctimas.

A ese grupo, dijo la dependencia, se le refrenda el compromiso de continuar manteniendo una estrecha y constante comunicación.

En un comunicado resaltó que también se cuenta con una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de minas subterráneas de carbón que entrará en vigor el 23 de marzo próximo, cuya finalidad es prevenir riesgos a los trabajadores que laboran en ellas.

Abundó que mediante esa disposición se regulará de manera precisa y acorde a los estándares internacionales en la materia las condiciones y requisitos de seguridad que deben observarse en las instalaciones y funcionamiento de esos lugares.

La STPS puntualizó que durante 2007 y 2008 se amplió la presencia de la inspección federal del trabajo en la zona carbonífera, donde se han realizado 131 revisiones tanto a minas subterráneas como a tajo abierto, plantas lavadoras, coquizadoras y a sus respectivos contratistas.

Además en noviembre de 2008 se instaló la Subcomisión Consultiva de Seguridad e Higiene de la Región Carbonífera de Coahuila, en la que participan los sectores obrero, público y empresarial.

La dependencia federal expresó su respeto a quienes persisten en su intención de continuar los trabajos de rescate en la mina Pasta de Conchos aunque, subrayó, se tiene la convicción de que no debe exponerse la integridad física y arriesgar la vida de más personas en condiciones de alta inseguridad.

En ese sentido dejó claro que no existe fundamento legal, tanto de derecho interno como internacional, que faculte a alguna dependencia federal a ordenar el referido rescate y menos en condiciones de alto riesgo, como sucede en ese caso.

Asimismo manifestó que no se cuenta con especialistas en la materia, por lo que estará atenta a lo que se llegara a determinar en otras instancias, en la inteligencia de que no se ha podido demostrar que hayan cambiado las condiciones de seguridad en la mina.
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