Uruguay recurre a OEA y Colombia para combatir secuestros exprés

El primer caso se dio el 3 de julio, cuando tres delincuentes abordaron a una pareja adentro de un auto, obligaron al joven a conducir, ingresaron violentamente a la casa de la joven y después de robarlos, los liberaron.Desde entonces se registraron al menos siete casos de este tipo en distintos barrios de la ciudad, con características comunes: la víctima es mantenida "secuestrada" mientras se la obliga a retirar dinero de cajeros automáticos o se roba su casa, se usa su auto para cometer otros delitos y los delincuentes actúan con violencia.Si bien la cifra de casos es aún muy baja en este pequeño país de 3,4 millones de habitantes, rodeado por Brasil y Argentina y en una región donde este tipo de delitos es habitual, parece enmarcarse en el aumento de los robos con violencia que ya el año pasado habían crecido 28% desde 2005."Lo que sucede en la región de alguna manera nos llega. Acá nos llega de forma modificada, no es exactamente igual. Pero en la medida que el delito organizado se ha globalizado nos toca a nosotros", admitió este jueves el ministro del Interior Eduardo Bonomi, que evita hablar de "secuestros" y prefiere calificar la modalidad de "rapiña con privación de libertad"."No sólo es una preocupación de la población, es una preocupación nuestra", añadió el jerarca, quien reconoció que la OEA y la ONU ofrecieron a Uruguay asesoramiento para combatir este delito."La OEA nos ofreció asistencia en ese sentido", dijo Bonomi, quien destacó que "Uruguay sigue siendo una excepción en la región en estos delitos y por eso ni la OEA ni la ONU quieren que esto se deteriore".El representante de la OEA en Uruguay, John Biehl del Río, dijo al diario El País que tras reunirse con miembros del gobierno el organismo resolvió recurrir al gobierno de Colombia, que "ya ha comunicado su beneplácito para designar a sus mejores expertos en esta materia" con el objetivo de capacitar a las autoridades uruguayas.Biehl del Río observó que hasta ahora Uruguay estaba libre de un fenómeno observado con alarma en buena parte de América Latina."Muchas veces los delincuentes se aprovechan de las ventajas que puede dar un país como este, muy democrático y respetuoso de los derechos humanos, por ello debemos estar muy atentos a colaborar para que no ocurra", apuntó.Los casos relanzaron el debate sobre la inseguridad, ya destacado de la campaña para la elección presidencial del año pasado.Esta "es una modalidad mucho más peligrosa, parece más premeditada" que la rapiña, opinó el senador del opositor Partido Nacional (centroderecha) Carlos Moreira, ex subsecretario del Interior. "Me parece que es un delito más pesado con el cual hay que luchar porque era algo que Uruguay no conocía".El gobierno planea firmar con la oposición en los próximos días un acuerdo sobre seguridad, aún en debate por discrepancias en la forma de tratar la delincuencia juvenil, considerada en buena medida responsable del aumento de los delitos.Desde el Partido Nacional se pide modificar y penar aún más los delitos cometidos por adolescentes, especialmente para aquellos menores que van entre los 16 y 18 años, mientras que el también opositor Partido Colorado va más allá y pide la rebaja de la imputabilidad a los 16 años.

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