La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha canalizado más de 250 millones de dólares para impulsar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y corporaciones policiales locales en todo el país.
Estos esquemas, conocidos como modelos de “Task Force”, otorgan facultades e incentivos a las autoridades locales para realizar detenciones de migrantes, de acuerdo con información difundida por la organización FWD.us.
Incentivos económicos para reforzar operativos migratorios
En total, 976 departamentos de policía han suscrito acuerdos de este tipo con el Gobierno federal. Cada corporación ha recibido más de 100 mil dólares, además de un incentivo adicional de 7 mil 500 dólares por cada agente que se incorpora al programa.
De acuerdo con Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, este esquema financiero podría tener efectos negativos en la actuación policial.
“Incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”.
La crítica se centra en que los estímulos económicos podrían influir en la toma de decisiones de los agentes al momento de realizar detenciones.
Promesas de seguridad frente a cuestionamientos
Cuando la iniciativa fue presentada en septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que permitiría identificar, detener y deportar a “lo peor de lo peor”, incluyendo criminales de alto perfil como homicidas, integrantes de pandillas y presuntos terroristas.
Sin embargo, datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que más del 70 % de las personas detenidas en centros migratorios no cuenta con condenas penales. En los casos donde sí existen sentencias, estas corresponden mayoritariamente a faltas menores, como infracciones de tránsito.
Bonos por detenciones y documentos filtrados
Documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), filtrados en marzo por el periodista independiente Ken Klippenstein, revelan que los agentes participantes comienzan a recibir bonificaciones adicionales una vez que realizan su primer arresto de un migrante.
Asimismo, el programa contempla compensaciones incluso por la detención de menores no acompañados, lo que ha generado nuevas críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Florida y Texas concentran la mayor participación
Los estados de Florida y Texas encabezan la lista de entidades con más departamentos policiales adheridos a estos acuerdos, con 270 y 161 corporaciones respectivamente.
En términos de recursos, las agencias locales en Florida han recibido más de 149 millones de dólares, mientras que en Texas la cifra ronda los 13 millones de dólares, según estimaciones de FWD.us.
Finalmente, la organización calcula que el DHS ha capacitado a entre 13 mil 800 y 15 mil 800 policías en todo el país para llevar a cabo funciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias, ampliando así el alcance de estas políticas a nivel local.