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Trump exige a contratistas consultar a la Casa Blanca

Por: Ángeles Núñez

21 Noviembre 2026, 15:47

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Una orden ejecutiva obliga a empresas con contratos federales a coordinar con el gobierno sus respuestas a solicitudes de información legislativas

Trump exige a contratistas consultar a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que obliga a contratistas y subcontratistas federales a informar a la Casa Blanca sobre cualquier solicitud de información que reciban del Congreso y coordinar con el gobierno sus respuestas. La disposición también les exige acatar instrucciones para reservar comunicaciones que la administración considere protegidas por el privilegio ejecutivo.

La medida, firmada el viernes 20 de noviembre, establece que las empresas deberán notificar tanto a la Casa Blanca como a las agencias federales correspondientes cuando reciban solicitudes legislativas relacionadas con sus trabajos o comunicaciones con el Poder Ejecutivo.

Además, tendrán que participar en la coordinación de las respuestas y seguir las indicaciones de las autoridades sobre la retención de información considerada confidencial. En caso de incumplimiento, los contratos podrían ser cancelados y las compañías quedarían expuestas a una suspensión o inhabilitación para obtener futuros acuerdos con el gobierno federal.

La medida anticipa investigaciones de los demócratas

La orden se emite mientras el Partido Demócrata se prepara para asumir el control del Congreso en enero, periodo en el que sus legisladores prevén impulsar investigaciones sobre las actividades de la administración republicana y el uso de recursos públicos.

Entre los asuntos que podrían quedar bajo escrutinio se encuentran los contratos gubernamentales otorgados a compañías relacionadas con la familia de Trump, particularmente aquellos vinculados con el Departamento de Defensa.

La Casa Blanca ya había comenzado a establecer restricciones sobre la manera en que las dependencias federales atienden las solicitudes de información de los legisladores. El lunes, el abogado presidencial, Will Scharf, comunicó a las agencias que deben obtener autorización de su oficina y de la Oficina de Asuntos Legislativos antes de aceptar comparecencias ante el Congreso.

Scharf también cuestionó las investigaciones impulsadas por el representante demócrata Robert Garcia, principal integrante de su partido en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y señaló que algunas podrían constituir una "criminalidad descarada".

Garcia, por su parte, envió cartas a integrantes de la familia Trump y a funcionarios de alto nivel para solicitarles que preserven documentos relacionados con las investigaciones. El abogado de la Casa Blanca rechazó las solicitudes y argumentó que los demócratas todavía no cuentan con la mayoría necesaria para exigir su cumplimiento.

Casa Blanca argumenta protección del privilegio ejecutivo

En una ficha informativa, el gobierno de Trump defendió la orden como un mecanismo para "proteger los privilegios del poder ejecutivo frente a los excesos del Congreso". También acusó a algunos legisladores de intentar obtener información confidencial de las dependencias y presionar a empresas privadas que mantienen contratos federales.

La administración sostiene que las comunicaciones entre funcionarios y contratistas deben permanecer protegidas cuando contienen información sensible, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad nacional y la operación de programas gubernamentales.

El documento oficial establece que los contratistas deberán informar de las solicitudes legislativas y seguir las instrucciones sobre la retención de comunicaciones que la Casa Blanca o las agencias correspondientes determinen protegidas por el privilegio ejecutivo.

La orden podría generar disputas legales

Presidentes de ambos partidos han recurrido históricamente al privilegio ejecutivo para impedir la divulgación de información ante investigaciones legislativas. Esta facultad busca preservar la confidencialidad de determinadas comunicaciones y deliberaciones del Poder Ejecutivo, aunque sus alcances no son absolutos.

Las controversias sobre su aplicación pueden derivar en disputas legales prolongadas, particularmente cuando el Congreso considera que la información solicitada es necesaria para ejercer sus facultades de supervisión.

La nueva disposición abarca a todos los contratistas y subcontratistas federales, un universo de decenas de miles de empresas. Su aplicación podría convertirse en un nuevo punto de conflicto entre la administración Trump y los legisladores demócratas cuando estos asuman el control del Congreso.

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