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Recrudecen relaciones entre Bolivia y EEUU por informes sobre droga y DDHH

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La Cancillería boliviana calificó, en un comunicado público, como una “tozuda miopía” el reciente informe estadounidense, en el que expresa su “decepción” sobre los esfuerzos de Bolivia en la lucha antinarcóticos y el lavado de dinero, reportó este sábado la prensa local.

La posición del gobierno surgió luego de que el Departamento de Estado, en un informe difundido el viernes en Washington, señalara que el país andino pasó de ser una nación de “preocupación” a “gran preocupación”.

Además, cuestionó los resultados bolivianos en la lucha contra las drogas y planteó que el régimen de La Paz acepte nuevamente la cooperación de la agencia antinarcóticos DEA, la que salió del país en septiembre pasado, acusada por Morales de conspirar contra su administración, muy ligada a Cuba y Venezuela, los enconados rivales de Estados Unidos en la región.

El informe sobre drogas salió dos días después de que otro similar observara la situación de los derechos humanos en el país andino, un reporte que fue calificado por el viceministro boliviano de Coordinación, Sacha Llorenti, como una “simplificación grosera de la realidad nacional”.

Para la Casa Blanca, en Bolivia se establecieron “abusos por parte de fuerzas de seguridad, arrestos y detenciones arbitrarias, ataques contra el Poder Judicial y amenazas a la libertad de prensa”.

Sobre el último informe sobre narcóticos, la Cancillería boliviana dijo en su comunicado que “el documento del Departamento de Estado conserva todavía la tozuda miopía de la burocracia antinarcóticos de la administración del señor (ex presidente) George W. Bush”.

El gobierno de Evo Morales, un líder de los cosechadores de coca, reiteró que “la Administración Antidrogas de Estados Unidos no volverá al país”, cerrando cualquier posibilidad para atender el pedido estadounidense.

El Canciller boliviano, David Choquehuanca, dijo en la edición de este sábado del diario La Razón que la posición de Estados Unidos “es una antesala para descertificar nuevamente a Bolivia”, lo que significaría que en 2009, por segundo año consecutivo, se aplazaría al país andino por sus esfuerzos antinarcóticos.

En 2008, Bolivia fue cuestionada por la entonces administración Bush, lo que luego se tradujo en la suspensión para La Paz de los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPDEA, que permitían las exportaciones al país del norte de manufacturas por unos 64 millones de dólares anuales.

Los últimos incidentes se suman a una cadena de roces que comenzaron en junio pasado, cuando campesinos cocaleros del Chapare, la cuna política del presidente Morales, expulsaron de la zona al programa de apoyo USAID, y el mismo mes miles de vecinos pro-gobierno asediaron la embajada estadounidense en La Paz, ante la aparente complacencia de las autoridades.

En septiembre de 2008 fue expulsado el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y dos meses después la DEA, bajo el mismo cargo hecho por Morales: un supuesto complot contra su gobierno, junto a grupos civiles de derecha, aunque no se dieron pruebas.

La Paz expresó varias veces su deseo de mejorar las relaciones con la nueva administración del demócrata Barack Obama, aunque la embajada de Estados Unidos dijo que estas manifestaciones van en contrarruta con las reiteradas acusaciones.
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