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Quito investigará a ONG internacional cuestionada por tratos con FARC

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“Voy a investigar, más que a una persona en particular, a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu)”, dijo el fiscal general Washington Pesántez.

Las pesquisas apuntan a determinar si la ONG incurrió en los delitos de tráfico de influencias, arrogación de funciones y atentado a la seguridad del Estado, precisó.

La Aldhu enfrenta duros cuestionamientos por el registro indiscriminado de colombianos en la frontera con Ecuador, gracias al cual guerrilleros o colaboradores de las FARC pudieron recibir protección, según los jefes militares.

“Hay que analizar varias hipótesis, entre ellas si la Aldhu estaba autorizada, o si solamente le compete al Estado ecuatoriano, entregar, por ejemplo, carnés a las personas refugiadas”, precisó el fiscal.

La presión sobre la ONG se acentuó después de que el presidente Rafael Correa, vía decreto, puso fin el lunes al acuerdo de privilegios e inmunidad que cobijaba a la Aldhu desde 1990.

A raíz de ello, el chileno Juan de Dios Parra, secretario general del organismo, y otros 12 activistas extranjeros anunciaron su salida del país y el traslado de la sede a Montevideo.

No obstante, el asambleísta opositor Fausto Lupera presentó una denuncia penal contra Parra solicitando su captura y una orden de arraigo que impida su salida del país.

“Presentamos una denuncia para que el fiscal tome medidas contra un individuo que está seriamente cuestionado, y sobre el que hay serias presunciones por su asociación ilícita con guerrilleros y narcotraficantes”, dijo a la AFP Lupera, del Partido Sociedad Patriótica.

Añadió que sus sospechas se basan en la “defensa que siempre ejerció la Aldhu a favor de guerrilleros”, y específicamente de la atención que prestó a una mexicana y dos colombianas sobrevivientes del ataque colombiano de 2008 contra un campamento en Ecuador del abatido jefe insurgente Raúl Reyes.

Por muchos años la ONG estuvo representada en Quito por el ex ministro Gustavo Larrea, quien cayó en desgracia con el gobierno por la detención de sus colaboradores por supuestos nexos con el narcotráfico y quien admitió su estrecha amistad con las FARC.

Al salir al paso de las críticas contra la Aldhu, el senador socialista chileno Juan Pablo Letelier rechazó en Quito que la organización sea partidaria de la guerrilla y pidió al presidente Correa revisar su decisión.

“Nunca nos imaginamos que en un gobierno democrático en Ecuador iban a cuestionar la función autónoma de Aldhu”, afirmó Letelier, directivo internacional de la ONG.
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