La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes al Legislativo reformar parcialmente la llamada Ley contra el Odio, que tiene sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes inciten al odio o la violencia en medios y redes sociales.
La propuesta ocurre cuatro días después de que concluyera el segundo ciclo de conversaciones entre delegados del Legislativo, de mayoría oficialista, y exdiputados de la oposición entre 2015 y 2020.
Durante las reuniones se acordó ampliar el desbloqueo de sitios web y revisar las leyes que regulan los contenidos en medios radioeléctricos y digitales.
En una carta dirigida al Legislativo y publicada previamente en su canal de Telegram, Rodríguez señaló que la reforma busca "avanzar en la despenalización de los tipos penales" previstos en la norma.
La iniciativa, agregó, forma parte de acciones para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el "reencuentro" y la "convivencia democrática" en Venezuela.
Activistas han señalado que esas normas forman parte de un marco legal que restringe la libertad de expresión e información en Venezuela.
Rodríguez reconoce uso abusivo de la ley
Durante un acto de gobierno televisado en el estado de Portuguesa, Rodríguez afirmó que la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada en 2017, fue "lamentablemente mal aplicada".
"Se hizo uso abusivo de esa ley", declaró, aunque señaló que cree en sus principios de tolerancia, amor en las relaciones y rechazo a la imposición del odio.
La legislación fue aprobada por la Asamblea Constituyente, integrada por aliados del entonces presidente Nicolás Maduro, quien impulsó la norma bajo el argumento de que era necesario frenar mensajes de odio, guerra, intolerancia y racismo atribuidos a sus adversarios.
Maduro sostenía que esos mensajes habían desencadenado las protestas antigubernamentales que entre abril y julio de 2017 dejaron más de 120 muertos.
Partidos opositores y activistas de derechos humanos, por su parte, alertaron que la ley buscaba criminalizar la protesta pacífica.