El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez enfrentará un juicio oral por un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la información sobre aportes y financiamiento de su partido entre 2018 y 2020, decisión que fue anunciada a unas horas de la segunda vuelta electoral en Perú.
La resolución ocurre en la recta final de una contienda en la que Sánchez disputa la Presidencia frente a Keiko Fujimori, en una jornada que definirá al próximo mandatario peruano para el periodo 2026-2031.
Sánchez cuestiona momento de la decisión judicial
El candidato informó la determinación judicial a través de un mensaje en redes sociales, donde aseguró que no cree en las casualidades y vinculó la medida con el crecimiento de su candidatura.
"Cuando una candidatura crece y una ola de esperanza recorre el país, aparecen quienes quieren poner rótulos y frenar aquello que no pueden derrotar democráticamente".
Sánchez señaló que la audiencia se desarrolló durante 15 horas en dos días y afirmó que la decisión fue comunicada en apenas unos minutos, sin que él ni sus abogados conocieran todavía los fundamentos completos de la resolución.
"Hoy intentan hacerlo conmigo. Mañana podría ser cualquier peruano. El pueblo decidirá". mencionó el candidato.
Proceso pasará a etapa de juicio oral
La resolución fue emitida por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Farfán, que declaró concluida la etapa intermedia del proceso.
La decisión no es definitiva, debido a que la defensa del candidato presentó una apelación, por lo que el caso deberá ser revisado por una instancia superior antes de quedar firme.
El avance a juicio oral no implica una condena, pero sí coloca el expediente en una nueva fase judicial en la que deberán evaluarse las pruebas y argumentos de las partes.
La Fiscalía acusa a Sánchez por su presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones.
El Ministerio Público solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato, al señalar presuntas irregularidades en los reportes económicos de su organización política.
Dentro del expediente también se menciona a otras personas, entre ellas su hermano William Sánchez, por el presunto desvío de aproximadamente 280,000 soles de fondos de financiamiento electoral hacia cuentas personales.
Roberto Sánchez ha rechazado los señalamientos y sostiene que actuó conforme a la ley al rendir cuentas ante los organismos electorales correspondientes.
El aspirante presidencial participa en estos comicios como representante del sector político vinculado al expresidente Pedro Castillo, quien permanece encarcelado tras los hechos que marcaron el cierre de su gobierno.
Con este nuevo episodio judicial, la segunda vuelta presidencial en Perú llega a su jornada decisiva en medio de un ambiente de alta tensión política, con uno de los dos candidatos enfrentando un proceso que podría extenderse más allá de la elección.