La pesquisa marca un nuevo capítulo en la controversia que rodea a la agencia antidrogas estadounidense, luego de que agentes y exagentes señalaran que, entre 2023 y 2025, cargamentos del opioide sintético fueron vigilados, pero no incautados, con el objetivo de construir casos penales de mayor alcance.
Investigan si agentes federales cruzaron límites legales
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que los agentes federales “no están por encima de la ley”, aunque reconoció que cuentan con protecciones legales cuando actúan dentro de sus funciones oficiales.
Torrez señaló que comenzará a exigir documentos e información sobre la conducta de la DEA en Nuevo México y a nivel nacional, para determinar si lo ocurrido forma parte de un patrón más amplio de comportamiento temerario o ilegal.
La investigación penal transforma el debate sobre tácticas policiales en una revisión más profunda sobre si agentes federales pudieron haber puesto en riesgo a la población mientras buscaban llegar a organizaciones criminales de mayor nivel.
El fentanilo quedó bajo vigilancia, pero no fue incautado
De acuerdo con las acusaciones, agentes de la DEA habrían permitido que grandes cantidades de fentanilo continuaran su camino hacia las calles de Albuquerque, pese a que Estados Unidos enfrenta la epidemia de drogas más mortífera de su historia.
El caso ha generado especial preocupación porque la propia DEA encabezaba la campaña “One Pill Can Kill”, enfocada en advertir que incluso una mínima cantidad de fentanilo puede resultar letal.
Agentes y exagentes, entre ellos el denunciante David Howell, sostienen que esta estrategia equivalía a jugar con la seguridad pública y pudo haber violado normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a la población.
En una carta enviada a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Torrez advirtió que, si las acusaciones son ciertas, las consecuencias para los habitantes de Nuevo México no fueron abstractas, sino mortales.
El fiscal recordó que Nuevo México se encuentra entre los estados más afectados por las muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo, por lo que las familias que han perdido a hijos, hermanos y padres merecen conocer qué sabía el gobierno federal, qué hizo y qué dejó de hacer.
La gobernadora había solicitado a principios de semana una investigación sobre el caso, mientras que dirigentes locales y estatales han expresado indignación por las acusaciones contra la agencia federal.
La DEA pide revisión interna del Departamento de Justicia
La DEA negó inicialmente las acusaciones de Howell, pero posteriormente solicitó al organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia que realizara su propia investigación.
El Departamento de Justicia señaló que, si la revisión identifica áreas de mejora, la DEA implementará cambios para fortalecer sus prácticas. También expresó disposición para colaborar con autoridades estatales y locales de Nuevo México en el combate contra el fentanilo.
Sin embargo, no todos los familiares de víctimas de sobredosis comparten la misma postura crítica. Paul E. Martin, fundador de United Against Fentanyl, afirmó que las fuerzas policiales pueden cometer errores, pero defendió que la labor de la DEA consiste en retirar drogas ilegales y tóxicas de las calles.
El caso mantiene bajo presión a la agencia antidrogas en medio de una crisis nacional por el fentanilo y abre una discusión sobre hasta dónde pueden llegar las operaciones encubiertas cuando está en juego la seguridad pública.