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Nuevo comisionado de ONU en Guatemala asume cargo con grandes desafíos

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A la crisis judicial, DallAnese hallará un Congreso dividido y a las puertas del proceso electoral de 2011, lo que dificulta la aprobación de leyes contra el crimen organizado, tarea pendiente de su antecesor, el jurista español Carlos Castresana.

Castresana renunció el 7 de junio por falta de apoyo para luchar contra la impunidad y las críticas sistemáticas contra su persona y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), así como por los presuntos vínculos del entonces fiscal general, Conrado Reyes, con el crimen organizado.

La Cicig, instancia sin precedentes en la ONU, fue creada en diciembre de 2006 para sanear la corrupción en el sistema judicial guatemalteco y desmantelar los aparatos clandestinos que operan dentro del Estado.

Las explosivas declaraciones de Castresana en ocasión de su renuncia provocaron un cisma político en Guatemala, donde el 10 de junio la Corte Suprema destituyó a Reyes y ordenó un nuevo proceso.

Para complicar la situación de Dall´Anese, la Corte Suprema también está sumida en una crisis por los polémicos viajes de su presidente, Erick Álvarez, uno de ellos a Brasil por siete días con su asistente personal de 23 años, así como por las declaraciones de Castresana.

Este lunes, el presidente de la Cámara Penal de la Corte, César Barrientos, pidió ante el pleno de magistrados la renuncia de Álverez, a quien acusó de poca transparencia cuando presidió la comisión de postulación a fiscal general.

La comisión seleccionó a los seis candidatos finales al cargo, entre ellos a Reyes, designado por el presidente Alvaro Colom.

Mientras, la Policía carece de credibilidad ante la población, por supuestos nexos con bandas de narcotráfico, secuestradores y asaltantes, así como la ausencia de una política para contrarrestar la violencia que deja unos 18 muertos diarios.

El propio ministro del Interior, Carlos Menocal, reconoce la decadencia de las fuerzas de seguridad, las que, además, están infiltradas por las mafias, pese al esfuerzo por depurar sus estructuras.

“Nosotros hemos dicho que nos estamos enfrentando dentro de la Policía con personas vinculadas a estructuras criminales y que las fuerzas de seguridad están en cierta medida penetradas por la criminalidad”, comentó Menocal a la prensa local.

Siete de los 27 comisarios de la Policía tienen denuncias por violaciones a los derechos laborales, asociación ilícita, robo, extorsión, cohecho pasivo, apropiación y retención indebida y violencia contra la mujer, según publicó el diario Prensa Libre.

Grupos sociales lamentan que Dall´Anese estará poco tiempo al frente de la Cicig para reducir la impunidad, que alcanza el 98% de los casos, pues el mandato termina en setiembre de 2011.
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