Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero, en medio de un proceso de liberaciones que generó expectativas y críticas sobre la transparencia del Gobierno encargado, según la organización Foro Penal.
Hasta ahora, el grupo defensor de derechos humanos ha verificado aproximadamente 383 liberaciones en lo que va del año, aunque las cifras oficiales que ha proporcionado la autoridad son más elevadas y no incluyen listas públicas con nombres de los excarcelados.
El anuncio inicial de apertura de excarcelaciones fue realizado por autoridades tras el 8 de enero y fue presentado como parte de un esfuerzo más amplio por “normalizar” la situación política luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de EUA. Sin embargo, organismos como Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática han señalado diferencias significativas entre los datos del Gobierno y los confirmados independientemente.
Críticas por lentitud y falta de transparencia
Organizaciones de derechos humanos han condenado que, en los últimos días, las excarcelaciones se hayan producido de forma irregular o con medidas sustitutivas a la prisión, en lugar de liberaciones definitivas, activistas también han expresado que en 72 horas solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras familiares de detenidos mantienen vigilias frente a centros como El Helicoide en Caracas, considerado un símbolo de detención política en el país.
La Plataforma Unitaria ha exigido procesos de liberación “masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”, en contraste con la falta de datos oficiales detallados. Asimismo, familiares coinciden en que la ausencia de listas públicas afecta la confianza en el proceso.
Ley de amnistía y su debate en el parlamento
En este contexto político, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por una mayoría chavista, aprobó en primera votación un proyecto de ley de amnistía que ahora deberá ser evaluado en una segunda y última discusión la próxima semana. La legislación, que busca ampliar las liberaciones, excluye a quienes fueron procesados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas, según informó el diputado Jorge Arreaza, quien presentó la iniciativa ante el Parlamento.
Mientras la oposición considera que la amnistía podría ser un paso hacia la reconciliación nacional, organizaciones y familiares de presos políticos advierten que la legislación podría dejar fuera casos que consideran injustamente procesados y exigen que el proceso vaya acompañado de criterios de justicia y reparación.
Reacciones y perspectivas sobre liberaciones
La activista Andreína Baduel, hija de un exministro de Defensa que falleció en prisión, afirmó que “con o sin ley de amnistía” los familiares continuarán exigiendo la libertad plena e inmediata de los presos políticos, reforzando la idea de que las medidas actuales no satisfacen completamente las demandas de derechos humanos.
Organizaciones como Foro Penal estiman que aún quedan cientos de presos políticos en detención, con cifras que oscilan alrededor de los 687 casos documentados, mientras el Gobierno reivindica excarcelaciones mayores sin pruebas verificables de casos individuales. La tensión entre los datos oficiales y los verificados por ONG refleja discrepancias que siguen sin resolverse públicamente.
Familias de los detenidos sostienen vigilias frente a centros de reclusión, y grupos de derechos han pedido mayor claridad y transparencia en las liberaciones, además de medidas que permitan la plena reintegración social y legal de quienes han sido privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.