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Mano dura en Italia contra los violadores

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El decreto-ley fue adoptado unánimemente por el consejo de ministros y autoriza las controvertidas rondas nocturnas de ciudadanos, un fenómeno impulsado desde hace varios años por los militantes de la xenófoba Liga Norte para atemorizar a los inmigrantes clandestinos.

Criticado por la oposición por esquivar con leyes urgentes el papel del Parlamento al adoptar decretos que no son sometidos a debate en el Congreso, Berlusconi admitió haber recurrido a ese sistema por “el escándalo nacional” causado por las recientes violaciones de adolescentes.

“Con respecto a 2006 y 2007, los casos de violación disminuyeron en un 10%, incluido en Roma. Una baja debido a los militares que patrullan las ciudades”, explicó el premier.

El nuevo decreto impide que se otorgue la semilibertad a los condenados por violación así como toda medida alternativa a la cárcel, como la libertad condicional, considerando en sustancia al violador como irrecuperable socialmente.

“Los condenados por homicidio en casos de violencia sexual serán castigados con cadena perpetua”, anunció durante una conferencia de prensa el ministro de Justicia, Angelino Alfano.

El Estado se hará cargo además de los gastos de abogados de las víctimas de violencia sexual.

Las denuncias a inicios de esta semana de las violaciones ocurridas en Roma, Bolonia (norte) y Milán (norte) desataron una ola de intolerancia hacia los extranjeros, en particular rumanos, por lo que grupos de ciudadanos se organizaron en la capital para hallar a los culpables.

Ante el aumento de esas reacciones en toda Italia, frecuentes en la región del noreste contra los clandestinos, el gobierno conservador decidió reglamentar esa rondas espontáneas y convertirlas en “rondas de voluntarios por la seguridad”, explicó Roberto Maroni, ministro del Interior y uno de los líderes de la Liga Norte.

Los voluntarios que participarán en las rondas “no podrán disponer de armas”, subraya el decreto y estarán bajo el control de los alcaldes y prefectos de policía.

“Con la reglamentación de las rondas, el Estado de derecho abdica”, denunció monseñor Agostino Marchetto, secretario de la entidad de la Iglesia católica responsable de las Migraciones.

La oposición de centroizquierda rechaza tales medidas porque “la seguridad es monopolio del Estado y las rondas generan más violencia”, explicó recientemente un portavoz del Partido Democrático.

La asociación de penalistas italianos calificó de “inconstitucional” la medida contra los violadores ya que contradice el principio básico de “la presunta inocencia”.

Para la Unión de las Cámaras Penales, hay que “frenar la espiral autoritaria” que crece en Italia.
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