La Junta de Supervisores del Condado de los Ángeles consideró el declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales contra la inmigración.
Impulsada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue sometida a votación y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra.
El borrador de esta medida se someterá de nuevo a votación, pero en caso de ser aprobado, la Junta brindará más facultades para asistir a las personas afectadas por las detenciones y deportaciones que han impactado al condado.
"Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (...) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes", dijo Horvath.
También se declaró que dichos operativos cuentan con mayor rapidez a las consecuencias de las redadas migratorias, como la posible agitación de contratación personal y servicios.
Es posible que dicha declaración también abra la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas.
Por su parte, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por las leyes de inmigración.