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La justicia chilena confirma condenas a tres oficiales por el homicidio de un coronel

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Huber, jefe de adquisiciones de Logística del Ejército, fue encontrado muerto, con el cráneo destrozado, el 20 de febrero de 1992, tras haber permanecido desaparecido un mes y de haber declarado ante la Justicia en el caso del tráfico de armas a ese país ubicado en la Europa central.

Según fuentes judiciales, la Corte de Apelaciones del municipio de San Miguel condenó a diez años de cárcel al subdirector de Inteligencia del Ejército, general retirado Víctor Lizárraga Arias: cinco como autor del delito de homicidio calificado y otros cinco como jefe de una asociación ilícita.

En tanto, el brigadier retirado del jefe del Batallón de Inteligencia Manuel Provis Carrasco fue sentenciado a cuatro años de presidio como autor del delito de homicidio calificado y otros cuatro como jefe de una asociación ilícita.

Por su parte, el capitán Julio Muñoz Bustamante fue absuelto del cargo de asociación ilícita y sentenciado a 60 días de pena remitida (lo que significa que podrá cumplirla sin ir a prisión, con la sola obligación de firma periódica ante las autoridades penitenciarias) como encubridor de homicidio calificado.

Al mismo tiempo, fueron revocadas las condenas por asociación ilícita contra el jefe de logística del Ejército, general en retiro Carlos Krumm Rojas, y el coronel Eugenio Covarrubias Valenzuela.

Durante trece años el crimen del coronel Huber fue calificado de “suicidio” hasta que el juez Claudio Pavez, que asumió la investigación hace cuatro años, le cambió el rótulo a homicidio, tras determinarse que había sido muerto de un disparo en el cráneo hecho desde larga distancia, presumiblemente por un tirador experto.

En el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel se anuló la indemnización por 400 millones de pesos (unos 817 mil dólares) para la viuda e hijos de Huber, que había establecido el juez Pavez en octubre del año pasado, situación que será apelada por la defensa de la familia del coronel asesinado.

El caso del tráfico de armas se remonta al 1 de diciembre de 1991, cuando las autoridades húngaras interceptaron en Budapest un cargamento de 11.5 toneladas de armas procedentes de Chile, valoradas en más de 200,000 dólares.

El cargamento, rotulado “ayuda humanitaria”, iba destinado a Croacia, afectada entonces por un embargo de la ONU a la compra de armas, debido a la guerra de los Balcanes.
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