El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori comenzó a desplegar efectivos militares alrededor de tres cárceles de Perú como parte de su primera intervención para recuperar el control del sistema penitenciario, afectado por el hacinamiento, las deficiencias de seguridad y la operación de grupos criminales desde prisión.
La medida forma parte del estado de emergencia decretado por 60 días en cinco establecimientos considerados de alta peligrosidad. Hasta este lunes, los militares mantenían presencia en los penales Ancón I y Miguel Castro Castro, en Lima, así como en la cárcel de Trujillo, ubicada a unos 560 kilómetros al norte de la capital.
Perú tiene más de 100 mil presos en cárceles saturadas
El sistema penitenciario peruano alberga a más de 100 mil personas en 69 cárceles que, en conjunto, tienen capacidad para aproximadamente 40 mil internos. Esta diferencia ha provocado una sobrepoblación superior al 150% y dificultades para mantener controles adecuados dentro de los establecimientos.
El Ejecutivo sostiene que dirigentes de bandas criminales continúan coordinando extorsiones, secuestros y amenazas desde sus celdas mediante teléfonos introducidos ilegalmente. Por ello, el operativo contempla vigilar los perímetros, el espacio aéreo y las comunicaciones en los alrededores de las prisiones intervenidas.
En Lima, la presencia militar se concentra en Ancón I y Miguel Castro Castro, este último considerado uno de los penales con mayores problemas de hacinamiento. El despliegue también alcanzó la cárcel de Trujillo, ciudad identificada como uno de los principales focos de actividad criminal vinculada con extorsiones y minería ilegal.
Emergencia incluye cinco penales de alta peligrosidad
Además de los tres establecimientos donde ya se reporta presencia militar, la declaratoria incluye el penal de Cochamarca, situado en la región andina de Pasco, y la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna.
Challapalca se encuentra a unos 4 mil 600 metros sobre el nivel del mar y está destinada a internos considerados de alta peligrosidad. Sus condiciones geográficas y climáticas la convierten en uno de los centros penitenciarios más aislados del país.
Durante la emergencia, la Policía Nacional reforzará las acciones de seguridad y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario conservará la administración y custodia interna de los centros.
Gobierno prepara una reforma de mayor alcance
La intervención constituye el primer paso de un proyecto más amplio para modificar el sistema carcelario.
El Gobierno solicitó al Parlamento facultades para legislar durante 120 días en seguridad y combate al crimen organizado, periodo en el que buscará emitir nuevas disposiciones penitenciarias.
Entre las propuestas planteadas por Fujimori durante su campaña se encuentra incorporar a los internos a actividades laborales y establecer cambios en la entrega de alimentos, además de aumentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno designó al general del Ejército César Astudillo como ministro del Interior y colocó al coronel de la Fuerza Aérea Abraham Lescano, especializado en inteligencia estratégica, al frente del Instituto Nacional Penitenciario.
Inspecciones efectuadas entre el 22 y el 26 de agosto detectaron problemas de seguridad en distintos establecimientos, entre ellos Ancón I. Las revisiones identificaron escáneres ausentes o averiados, limitaciones en la videovigilancia, fallas en el control perimetral y deficiencias en torreones y sistemas de alumbrado.
Los resultados de estas evaluaciones serán utilizados para definir las siguientes acciones del Gobierno, que busca impedir la coordinación de delitos desde las cárceles y atender las condiciones estructurales que han debilitado el control del sistema penitenciario peruano.