La justicia ecuatoriana rechazó la solicitud presentada por el expresidente Lenín Moreno para suspender la condena de cinco años de prisión que recibió por cohecho dentro del caso Sinohydro, relacionado con el financiamiento y la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La decisión fue adoptada por unanimidad por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y también alcanzó a otras once personas sentenciadas, entre ellas Rocío González, esposa del exmandatario; su hija Irina Moreno, y sus hermanos Edwin y Guillermo.
Los familiares de Moreno fueron condenados como cómplices a dos años y seis meses de prisión. Con la suspensión condicional buscaban evitar el encarcelamiento a cambio de cumplir diferentes obligaciones impuestas por la justicia.
Tribunal descarta beneficio para condenados por cohecho
La defensa sustentó su petición en un artículo del Código Orgánico Integral Penal que permite suspender la ejecución de condenas de hasta cinco años cuando el sentenciado cumple determinados requisitos, como no tener otra sentencia vigente ni un proceso penal en curso.
Los abogados sostuvieron que debía aplicarse la legislación existente cuando ocurrieron los hechos investigados, entre 2008 y 2018, debido a que entonces el cohecho no estaba expresamente excluido de este mecanismo.
Sin embargo, los jueces concluyeron que la reforma aprobada en 2021 ya impedía conceder la suspensión condicional a personas condenadas por delitos contra la administración pública. El tribunal tomó en cuenta que el proceso penal comenzó formalmente en marzo de 2023, cuando esa modificación llevaba más de un año en vigor.
La resolución también descartó que pudiera aplicarse el principio de favorabilidad en los términos solicitados por las defensas, por lo que fueron rechazadas las doce peticiones presentadas.
Lenín Moreno apelará la sentencia y la nueva resolución
Después de conocer la decisión, Moreno reiteró que ni él ni su familia participaron en la trama investigada. El exmandatario cuestionó que fuera condenado pese a que, según afirmó, la sentencia reconoce que no recibió dinero directamente.
“Creo identificar con toda claridad a aquellas personas que están detrás de esto y, en su debido momento, lo manifestaré y con pruebas”, declaró.
Moreno también aseguró que detrás del proceso existen personas relacionadas con el correísmo que permanecen dentro de instituciones estatales, incluida la Fiscalía. No obstante, hasta ahora no presentó públicamente las pruebas con las que dijo respaldará sus señalamientos.
Su abogado, David Meza, afirmó que los magistrados interpretaron de manera equivocada el principio de favorabilidad y anunció que impugnarán tanto la sentencia como la negativa de suspender la pena.
La defensa aclaró que el fallo todavía no se encuentra ejecutoriado, pues fue emitido en primera instancia y quedan recursos judiciales pendientes. Por esta razón, Moreno y sus familiares continuarán en libertad mientras ejercen su derecho a apelar.
Caso Sinohydro involucra pagos por 76 millones de dólares
Lenín Moreno fue sentenciado el 28 de agosto junto con otras 19 personas después de que el tribunal lo declaró responsable como autor directo del delito de cohecho.
La investigación determinó que la empresa estatal china Sinohydro habría canalizado aproximadamente 76.1 millones de dólares en pagos indebidos, equivalentes al 4% del valor del contrato relacionado con la central Coca Codo Sinclair.
De acuerdo con la acusación, los recursos fueron movilizados mediante intermediarios, transferencias bancarias, empresas y contratos que simulaban servicios de consultoría y representación. Parte de esos beneficios habría llegado a personas del entorno familiar de Moreno.
Los hechos atribuidos al exmandatario corresponden al periodo en que ejercía como vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa. El tribunal consideró que intervino desde su cargo en asuntos ajenos a sus funciones para favorecer el financiamiento del proyecto hidroeléctrico.
Moreno ha rechazado de manera reiterada las acusaciones y sostiene que no participó en las contrataciones ni recibió sobornos. La responsabilidad penal y el cumplimiento de las condenas todavía podrán ser revisados durante las siguientes etapas del proceso judicial.