El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó sobre el arresto de mil 226 migrantes indocumentados durante una serie de redadas realizadas en Georgia como parte de la Operación Comunidad Segura.
De acuerdo con la agencia, las personas detenidas fueron señaladas por presuntas violaciones a las leyes federales de Estados Unidos.
ICE detalló que 720 de los arrestados cuentan con antecedentes por presuntos delitos cometidos en territorio estadounidense, entre ellos homicidio, agresión, violencia doméstica, narcotráfico, delitos sexuales, infracciones relacionadas con armas y actividades vinculadas con pandillas.
ICE defiende las detenciones
Patricia Hyde, subdirectora interina de Operaciones de Control y Expulsión de ICE, aseguró que el objetivo de los agentes es retirar de las comunidades estadounidenses a personas consideradas peligrosas por las autoridades.
La funcionaria destacó las acciones realizadas durante el operativo y sostuvo que los agentes actuaron para detener y expulsar a personas señaladas por actividades delictivas.
En otro frente relacionado con la política migratoria, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) suspendió el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para ciudadanos originarios de Etiopía, Somalia y Myanmar.
La decisión se produjo después de que jueces federales en Boston y Chicago rechazaran los últimos recursos presentados por defensores de los derechos de los migrantes que buscaban mantener vigentes dichas designaciones.
James Percival, asesor jurídico general del DHS, defendió la medida y recordó que el programa tiene carácter temporal. También pidió a otros jueces que analizan casos relacionados con el TPS que fallen a favor del gobierno.
Gobierno y defensores migrantes mantienen disputa
La suspensión del TPS forma parte de una disputa judicial más amplia sobre las decisiones del gobierno estadounidense en materia migratoria.
Percival sostuvo que mantener las suspensiones administrativas impide aplicar las políticas que, según el gobierno, fueron respaldadas por los votantes estadounidenses.
Ordenan frenar proyecto en la Casa Blanca
En otro asunto, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falló a favor de organizaciones defensoras del patrimonio histórico y determinó que el gobierno de Estados Unidos debe detener la construcción de un nuevo salón de baile en el ala este de la Casa Blanca.
El proyecto, impulsado por el presidente Donald Trump, tiene un costo estimado de 400 millones de dólares.
El tribunal determinó que la obra requiere la aprobación del Congreso estadounidense para poder continuar, lo que representa un nuevo obstáculo para el proyecto presidencial.
