El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea desprenderse de siete de los 11 almacenes adquiridos por aproximadamente $1,000 millones de dólares con el objetivo de transformarlos en centros de detención para inmigrantes, informó el diario The New York Times.
La decisión representa un giro en la estrategia migratoria impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, ya que la compra de estos inmuebles formaba parte de un plan para ampliar la capacidad de detención y facilitar las deportaciones masivas.
Gobierno busca vender o transferir inmuebles
De acuerdo con el reporte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) venderá o transferirá a otras agencias federales siete almacenes en los que se invirtieron cerca de $700 millones de dólares.
El proyecto fue impulsado originalmente por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero el actual titular de la dependencia, Markwayne Mullin, ha expresado reservas sobre el esquema y ha señalado que prefiere que las acciones de control migratorio se desarrollen con un perfil menos visible.
Según el periódico estadounidense, las dificultades para crear una nueva infraestructura de detención evidenciaron los obstáculos burocráticos y operativos que enfrenta la política de deportaciones masivas.
Comunidades y autoridades locales se opusieron al proyecto
Uno de los inmuebles descartados se ubica en Roxbury, Nueva Jersey, decisión que fue celebrada por la gobernadora demócrata Mikie Sherrill, quien aseguró que el proyecto representaba riesgos para la comunidad y carecía de sustento legal.
“Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey”, expresó la mandataria estatal.
Sherrill recordó además que el estado presentó una demanda para impedir la instalación del centro de detención en esa localidad.
La iniciativa también generó resistencia en otras comunidades, incluidas algunas representadas por legisladores republicanos, quienes manifestaron preocupación por el impacto que estos centros podrían tener en los servicios públicos, la economía local y la posibilidad de protestas ciudadanas.
Costos y demandas ambientales frenan expansión
Otro de los factores que complicó el proyecto fue su elevado costo. Según datos citados por The New York Times, algunos de los almacenes adquiridos tuvieron un precio superior a los $145 millones de dólares, sin considerar los gastos adicionales necesarios para adecuarlos como centros de detención.
Asimismo, diversas demandas ambientales han cuestionado la viabilidad de estas instalaciones, argumentando que la legislación federal obliga a evaluar previamente el impacto que proyectos de esta naturaleza pueden generar en las comunidades y ecosistemas donde se desarrollan.
Con esta decisión, el Gobierno estadounidense replantea parte de su estrategia para ampliar la red de centros de detención migratoria, mientras persisten los debates sobre el alcance y la viabilidad de las políticas de deportación masiva.