La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó revisar el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia conforme a la legislación vigente en España, de acuerdo con información difundida por el diario New York Post.
Según el medio, funcionarios estadounidenses —bajo condición de anonimato— señalaron que el Departamento de Estado instruyó a su embajada en Madrid a recabar detalles sobre el proceso, incluyendo las decisiones que permitieron autorizar el procedimiento.
Preocupación por aplicación de la ley
Autoridades citadas en el reporte expresaron inquietudes sobre posibles fallas en los mecanismos de protección a personas vulnerables, así como dudas en torno a la aplicación de la ley en casos que no implican enfermedades terminales o que incluyen condiciones de tipo psiquiátrico.
Asimismo, indicaron que la joven habría manifestado ciertas dudas durante el proceso, las cuales, según estas versiones, no habrían sido consideradas plenamente, lo que generó cuestionamientos en materia de derechos humanos.
Un proceso legal prolongado
Noelia Castillo falleció la semana pasada en Sant Pere de Ribes, en Barcelona, tras concretarse el procedimiento de eutanasia, luego de un proceso judicial que se extendió por más de un año y medio.
La joven, quien padecía paraplejia, había obtenido la autorización en julio de 2024.
Su solicitud fue avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, organismo encargado de revisar cada caso conforme a los criterios establecidos en la legislación española.
Posturas encontradas
El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, señaló que mantuvieron la expectativa de que la joven reconsiderara su decisión hasta el final, lo cual finalmente no ocurrió.
"Fue un fracaso del sistema sanitario", expresó Fernández ante medios de comunicación.
Resoluciones judiciales
Tanto el juzgado que autorizó el procedimiento como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que durante el proceso no se evidenció falta de capacidad en la joven para tomar esta decisión.
Las autoridades judiciales también determinaron que la solicitud de muerte asistida se mantuvo firme desde abril de 2024, lo que respaldó la legalidad del procedimiento realizado.