En una sesión que marca un precedente jurídico en el país, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delitos de alta gravedad.
Con esta medida, quienes sean condenados por homicidio, violación o terrorismo podrían pasar el resto de sus días en prisión.
La iniciativa, enviada por el Gobierno de Nayib Bukele, fue respaldada por una mayoría abrumadora de 59 de los 60 diputados.
La reforma elimina la prohibición constitucional que existía sobre las penas de por vida, una restricción que hasta hoy limitaba el sistema penitenciario salvadoreño.
El evento destacó no solo por el cambio en la carta magna, sino por el inusual respaldo legislativo.
Por primera vez, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) sumó sus votos a una iniciativa de esta naturaleza impulsada por el Ejecutivo, consolidando un bloque casi unánime en favor de endurecer las penas contra el crimen organizado y delitos de impacto social.
Con este paso, El Salvador refuerza su política de "mano dura", al enviar un mensaje contundente sobre el futuro de la justicia penal en la región.