La Justicia argentina dictó prisión contra cuatro hombres, a los que imputó junto a un menor de edad, por formar parte de una supuesta red de trata de mujeres adolescentes en un colegio de la ciudad de Salta, donde luego eran explotadas sexualmente.
La hipótesis del fiscal Eduardo Villalba es que uno de los acusados, el conductor de un carro de alquiler y quien solía trasladar a las adolescentes por pedido de sus padres, cumplía un rol central en la captación de las menores y en la organización de los encuentros sexuales, que se realizaban con tres de los imputados en moteles o en la casa de alguno de ellos.
La investigación dio lugar tras la denuncia de la madre de una de las víctimas, en junio de 2024, a la que le llamó la atención que su hija tuviera un celular de alta gama y al revisarlo encontrara mensajes de índole sexual. Uno de ellos hacía alusión a su otra hija de 12 años.
Los investigadores han identificado, hasta el momento, tres víctimas en Salta, capital de la provincia del mismo nombre y ubicada a más de 1,400 kilómetros al norte de Buenos Aires.
La Justicia ha imputado a cuatro acusados como coautores de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, por ser las víctimas menores de edad, por la cantidad de personas involucradas en el delito y por haberse consumado la explotación sexual.
El quinto investigado tiene 16 años y quedó imputado de manera provisoria por el mismo delito, pero en carácter de partícipe secundario y que continuará sometido a proceso con un régimen especial por ser menor de edad.
“Sabemos que el delito de trata de personas cosifica al ser humano. La función del remisero (conductor) era buscar cuál era la mercadería que los clientes estaban necesitando”, destacó el fiscal en una audiencia preliminar.
Villalba detalló que existía una escala de precios para distintas prácticas sexuales, que iban desde 60 mil pesos (cerca de 41 dólares) hasta 200 mil pesos (alrededor de 135 dólares).
La investigación determinó que el remisero ejercía un control psicológico sobre las víctimas, que lo percibían como alguien que les ofrecía acceso a bienes como teléfonos celulares, ropa o dinero, mientras que otras le tenían miedo, ya que las amenazaba.
En Argentina el delito de trata agravado contempla penas de 10 a 15 años de prisión.
El fiscal afirmó que al ser un caso de “alta complejidad”, en el que se ve vulnerada la “dignidad de los niños” y donde hay otras víctimas que aún no declararon, así como peritajes pendientes, las penas podrían ser mayores.