Al menos 554 personas han fallecido tras ser detenidas en El Salvador durante la aplicación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
El nuevo balance fue presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), encargada de brindar acompañamiento legal a familiares de personas capturadas durante esta medida. La agrupación atribuye los decesos a diferentes circunstancias, entre ellas agresiones y falta de atención médica dentro de los centros penitenciarios.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no ha emitido una respuesta pública sobre la cifra ni ha presentado un registro oficial que permita contrastar el número de fallecimientos documentado por la organización.
Organización denuncia muertes bajo custodia del Estado
Socorro Jurídico Humanitario sostiene que el 94 por ciento de las personas fallecidas no tenía perfil de pandillero y murió bajo custodia estatal sin haber recibido una sentencia condenatoria.
La cifra comprende casos registrados desde el inicio del régimen de excepción, aunque la organización considera que el número real podría superar el millar debido a la falta de información pública y a la dificultad para documentar expedientes individuales dentro de los procesos colectivos.
El registro incluye a personas que perdieron la vida mientras permanecían encarceladas, así como casos de detenidos que fallecieron después de recuperar la libertad por enfermedades presuntamente adquiridas o desatendidas durante su estancia en prisión.
Las causas señaladas forman parte de las investigaciones y denuncias de la organización, por lo que no representan conclusiones judiciales definitivas. La ausencia de estadísticas penitenciarias detalladas también dificulta establecer las circunstancias particulares de cada fallecimiento.
Régimen acumula más de 92 mil detenciones
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, y desde entonces ha sido renovado en 53 ocasiones.
Durante su aplicación, las autoridades han detenido a más de 92 mil 480 personas, señaladas de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales. La medida permite ampliar los plazos de detención y limita garantías constitucionales como el derecho inmediato a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
La administración de Bukele defiende esta política como el principal componente de su estrategia de seguridad y le atribuye la reducción de los homicidios, el debilitamiento de las pandillas y la recuperación de territorios que durante años estuvieron bajo control criminal.
Los resultados en seguridad han contribuido a mantener una alta aprobación ciudadana para el mandatario salvadoreño, quien convirtió el combate frontal contra las pandillas en uno de los principales ejes de su Gobierno.
Persisten denuncias por posibles abusos
El despliegue contra las estructuras criminales también ha generado cuestionamientos por su prolongación y por las condiciones en las que permanecen las personas detenidas.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6 mil 400 denuncias por posibles violaciones a derechos humanos, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y obstáculos para conocer la ubicación o situación jurídica de los capturados.
Mientras el Gobierno sostiene que el régimen permitió transformar las condiciones de seguridad en El Salvador, las organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman investigaciones independientes sobre las muertes, la identificación de posibles responsabilidades y la publicación de información completa sobre la población penitenciaria.
