Crimen de diputados salvadoreños en Guatemala sigue impune dos años después

Aunque el juez Nery Medina ordenó abrir juicio contra 12 detenidos por el caso, incluido un ex diputado guatemalteco, nadie se ha sentado al banquillo de los acusados debido a los múltiples recursos de la defensa.En tanto, el fiscal general, Amílcar Velásquez, afirma que el expediente está abierto y no descarta la participación de salvadoreños en la matanza."Hasta el momento no podemos descartar la vinculación de personas de nacionalidad salvadoreña, pero aún se mantiene la investigación abierta", afirmó el funcionario.Los tres diputados salvadoreños y su chofer fueron brutalmente asesinados y luego sus cuerpos calcinados el 19 de febrero de 2007 en la periferia este de la capital.Dos días después de la matanza, las autoridades capturaron a cuatro policías como autores materiales, pero 72 horas más tarde éstos fueron asesinados en el interior de una cárcel de máxima seguridad.Para investigar los crímenes fue designado el fiscal contra la vida, Alvaro Matus, quien renunció al cargo en octubre y en enero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), avalada por las Naciones Unidas, pidió su captura al acusarlo de obstruir la justicia.El juez Adrián Rodríguez dejó en libertad a Matus tras el pago de una fianza de 2.000 dólares, ante lo cual la Cicig, dirigida por el jurista español Carlos Castresana, lo recusó bajo el argumento de que hay parcialidad en el proceso y ahora el magistrado podría ser separado.Según Castresana, la impunidad alcanza al 98% de los delitos en Guatemala.El jurista estimó que esto obedece a que el crimen organizado está presente en todas las esferas del poder y "la cadena de complicidad está muy metida a todos los niveles, la política, el periodismo, la abogacía".Además, para complicar la apertura de juicio, los miembros del Tribunal Undécimo aceptaron una recusación de la Fiscalía, por lo cual serán sustituidos por otros jueces en fecha aún no determinada.La Fiscalía alegó que el tribunal quiere realizar por separado las audiencias contra los acusados, con lo que se viola el principio de "economía procesal", pues considera que son los mismos medios de prueba para casi todos los sindicados.El presidente Álvaro Colom reconoció el miércoles que el esclarecimiento del caso de los diputados "será difícil" debido al "manoseo de pruebas" que se registró después de los crímenes, y dijo que mantiene comunicación con su homólogo salvadoreño, Antonio Saca.La telaraña para entorpecer el proceso consta de ocho recursos de amparo, dos inconstitucionalidades y 11 recursos de reposición, además faltan por resolverse dos excepciones de un acusado y el pronunciamiento final del abogado Fernando Linares, defensor del ex diputado Manolo Castillo.

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