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CPI autoriza investigación sobre violencias postelectorales en Kenia

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“La cámara, por mayoría, autoriza la apertura de una investigación sobre la situación en la República de Kenia relativa a crímenes contra la humanidad”, indicó la cámara preliminar II en un veredicto publicado en el portal internet de la Corte.

“Hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad”, estimaron los jueces.

La Unión Europea, a través de su delegación permanente en Nairobi saludó la decisión de la CPI, estimando que es “un paso importante hacia el fin de la impunidad” en Kenia.

No obstante, la UE recordó que la investigación de la CPI sólo deberá referirse a los principales instigadores de las violencias y que ella “no cambiará la urgente necesidad (de crear) un tribunal especial local para juzgar los otros casos”.

El 26 de noviembre de 2009, el fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, anunció que había solicitado a los jueces de la CPI la autorización para investigar sobre las violencias postelectorales en Kenia que dejaron 1.500 muertos y 300.000 desplazados.

La decisión de los jueces “reviste una importancia muy particular”, estimó Moreno Ocampo en un comunicado: “Significa que ninguna impunidad se acordará a los principales responsables de los crímenes cometidos durante el estallido de violencia que siguió a las elecciones”.

El 3 de marzo pasado, el fiscal, que por primera vez desde la entrada en función de la CPI en 2002 deseaba iniciar una investigación por propia iniciativa, había puesto a disposición de los jueves una lista con los nombres de 20 personas que apoyaron, según él, las violencias postelectorales.

Según Moreno Ocampo, esas personas, dirigentes políticos o altos responsables del sector económico, estaba asociados al Partido de la Unidad Nacional (PNU) del presidente saliente Mwai Kibaki o al Movimiento Democrático Naranja (ODM) del jefe de la oposición Raila Odinga.

La oficina del fiscal de la CPI efectuaba desde febrero de 2008 un “examen preliminar” sobre las violencias político-étnicas consecutivas a la cuestionada reelección del presidente Mwai Kibaki el 27 de diciembre de 2007, acusado de fraude electoral por la oposición dirigida por Raila Odinga.

Moreno Ocampo había indicado que deseaba que los principales responsables de las violencias fuesen juzgados por la CPI y que los otros lo fuesen en Kenia.

El gobierno de coalición de Kenya, dirigido por Odinga, convertido en primer ministro, se comprometió a “cooperar” con la Corte.

La Corte, único tribunal internacional encargado de juzgar a presuntos autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, sólo interviene cuando la justicia nacional de los países donde se cometieron los crímenes no puede o no quiere iniciar procesos.
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