Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, al considerar acreditada su participación como colaboradores en una red dedicada a comercializar irregularmente pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
La resolución representa la primera condena penal contra Bucaram después de más de cuatro décadas de actividad política. El exmandatario gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997.
Los jueces también ordenaron que Abdalá y Jacobo Bucaram paguen una multa cercana a los 9 mil 640 dólares. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, las defensas todavía podrán presentar los recursos correspondientes.
Exagente recibió la condena más elevada
En el mismo proceso fue sentenciado Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, quien recibió una pena de 13 años y cuatro meses de cárcel por su participación en la estructura.
El ciudadano israelí Sheinman Oren fue condenado a dos años y ocho meses de prisión. Su pena fue reducida debido a que colaboró con la justicia y aportó información utilizada para esclarecer el funcionamiento de la organización.
La acusación sostuvo que los procesados participaron, entre marzo y agosto de 2020, en una operación que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de aproximadamente 21 mil pruebas rápidas, además de mascarillas, lancetas y otros materiales médicos.
Insumos fueron trasladados hasta la casa de Bucaram
La investigación determinó que Oren y otro ciudadano israelí, asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral, estuvieron encargados de movilizar las pruebas con apoyo de agentes de tránsito de Quito.
Parte de los insumos fue trasladada hasta la vivienda del expresidente en Guayaquil, donde las autoridades encontraron pruebas rápidas, mascarillas y lancetas empleadas para tomar muestras.
Los productos habrían sido distribuidos en diferentes provincias ecuatorianas sin emitir facturas y sin realizar los pagos tributarios correspondientes. Para facilitar los traslados, algunos integrantes de la organización presuntamente utilizaron credenciales falsas y se identificaron como miembros del cuerpo diplomático o de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de alrededor de 50 personas, entre testigos y peritos, además de grabaciones, documentos, registros telefónicos y análisis financieros para sustentar la existencia de una estructura con funciones definidas.
Otros dos agentes de tránsito relacionados con el caso ya habían recibido sentencias reducidas después de aceptar los hechos mediante procedimientos abreviados.
Bucaram conoció la sentencia desde un hospital
La lectura del fallo fue aplazada en varias ocasiones debido a los problemas cardíacos del exmandatario, quien fue sometido a una intervención de emergencia y permaneció internado en unidades de cuidados intensivos.
Bucaram se encontraba bajo vigilancia policial en un hospital del norte de Guayaquil. Cuando la institución médica autorizó su salida, el tribunal fue notificado y el expresidente compareció mediante videollamada para conocer la sentencia.
Los jueces habían ordenado que fuera detenido una vez que recibiera el alta médica. Sus abogados sostuvieron durante las diligencias anteriores que su condición de salud le impedía comparecer y que todavía no se recuperaba de la intervención.
El exmandatario regresó a Ecuador en 2017 después de permanecer cerca de dos décadas exiliado en Panamá. Su retorno ocurrió cuando prescribieron los procesos por presuntos hechos de corrupción que habían motivado los requerimientos judiciales en su contra.