Busca Trump acelerar deportaciones con ley de 1798

El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó este sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua.

Su orden ejecutiva subrayó que la banda delincuente "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio".

Y que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Trump declaró que todos los miembros de ese grupo, en virtud de su membresía, están acusados de hostilidad real contra Estados Unidos y son un peligro para la paz pública o la seguridad del país.

La orden ejecutiva subrayó que a esos integrantes no se les permitirá la residencia en Estados Unidos y pidió a todos los departamentos y agencias ejecutivas que colaboren con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para utilizar todos los medios legales para llevarla a cabo.

Esa directiva añadió que toda propiedad perteneciente a "enemigos extranjeros" que se use o se pretenda usar para perpetrar "la actividad hostil" del Tren de Aragua estará sujeta a incautación y decomiso. La orden de este sábado sostuvo que el Tren de Aragua opera en conjunto con el Cartel de los Soles y "ha participado y continúa participando en la migración ilegal masiva a Estados Unidos.

¿Qué permite la Ley de Enemigos Extranjeros?

Esa ley permite las deportaciones sin una audiencia y, según el Centro de Pensamiento Brennan, se ha invocado solo en tres ocasiones en la historia del país, todas ellas en tiempos bélicos: la guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar las detenciones y expulsiones de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, y durante la Segunda jugó un papel en la política estadounidense de internamiento de japoneses.

Ese instituto no partidista de derecho y política recuerda que el presidente puede invocarla en caso de guerra declarada o cuando un gobierno extranjero amenaza o lleva a cabo una invasión contra territorio estadounidense.

La Constitución otorga al Congreso, no al mandatario, la facultad de declarar la guerra. Este debe esperar a una votación en el Congreso para invocar dicha ley en base a una guerra ya declarada, pero no necesita esperar a dicho trámite ante "una amenaza o una invasión en curso". 

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