El Gobierno de Brasil anunció este martes el programa “Brasil contra el Crimen Organizado”, una estrategia nacional con la que buscará debilitar las estructuras financieras y operativas de grupos criminales mediante una inversión cercana a los 11 mil millones de reales, equivalentes a unos 2 mil 241 millones de dólares.
La iniciativa fue presentada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que el objetivo es recuperar territorios dominados por organizaciones delictivas y reforzar la coordinación entre autoridades federales, estatales y el sistema judicial.
“Es una señal para decirle al crimen organizado que en poco tiempo no serán más dueños de ningún territorio”, afirmó el mandatario durante el acto oficial.
Brasil reforzará cárceles y combate financiero contra bandas
El programa está dividido en cuatro ejes principales: la asfixia financiera de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria, la mejora en las investigaciones de homicidios y el combate al tráfico ilegal de armas.
Uno de los puntos centrales contempla la implementación de estándares de seguridad máxima en 138 cárceles brasileñas.
Las medidas incluyen el uso de drones, escáneres corporales, bloqueadores de señal celular y la creación de áreas especiales destinadas a impedir que líderes criminales continúen operando desde prisión.
Las autoridades brasileñas reconocieron que muchas organizaciones mantienen control operativo desde centros penitenciarios, especialmente en estados afectados por la expansión de facciones criminales.
Del total de la inversión anunciada, alrededor de 10 mil millones de reales provendrán de líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), mientras que el resto será cubierto con recursos del presupuesto federal.
Lula apunta también contra redes criminales empresariales
Durante su discurso, Lula afirmó que el crimen organizado ya no opera únicamente en zonas marginadas o barrios populares, sino que también tiene presencia dentro de estructuras empresariales y redes internacionales.
“El responsable muchas veces está en el piso de arriba, con corbata y tomando whisky; y llegaremos allí”, declaró el presidente brasileño.
El mandatario también lanzó críticas indirectas al sistema judicial al señalar que muchas detenciones realizadas por fuerzas federales terminan sin consecuencias duraderas.
“Hay quejas de que la Policía Federal detiene bandidos y a la semana están sueltos”, expresó Lula, quien pidió mayor armonía entre las instituciones encargadas de seguridad y justicia.
Además, reveló que recientemente entregó un documento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ofrecer cooperación en materia de combate al crimen organizado.
Según Lula, Brasil ha acumulado experiencia en el enfrentamiento de estructuras criminales y puede colaborar con otros países en estrategias de seguridad internacional.
Seguridad se convierte en tema central rumbo a elecciones
El lanzamiento del programa ocurre a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre, donde el tema de la seguridad pública se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del debate político brasileño.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales rivales políticos de Lula, ha centrado gran parte de su discurso en endurecer las políticas contra el crimen.
El legislador ha respaldado públicamente modelos de mano dura como el aplicado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, especialmente en el combate a pandillas y estructuras criminales.
Dentro de ese contexto también tomó fuerza la llamada Ley Antifacción, aprobada recientemente por el Congreso brasileño.
Aunque la iniciativa fue presentada originalmente por el gobierno de Lula, el proyecto sufrió modificaciones impulsadas por la oposición para endurecer penas y ampliar sanciones.
La nueva legislación contempla castigos de entre 20 y 40 años de prisión para integrantes de organizaciones criminales consideradas ultraviolentas, mientras que líderes de estos grupos podrían enfrentar condenas de hasta 66 años.
La ley también endurece restricciones penitenciarias y limita beneficios para personas condenadas por delitos relacionados con control territorial, ataques con explosivos, reclutamiento de menores y acciones vinculadas a milicias o grupos paramilitares.