Un grave atentado sacudió la madrugada de este sábado a Ciudad de Panamá, luego de que fuera atacado con un artefacto explosivo Rolando Rodríguez, subdirector asociado de un importante medio local panameño.
El ataque, calificado como "terrorismo" por el propio comunicador, dejó daños parciales en la vivienda, destruyendo el garaje y consumiendo dos vehículos, aunque su esposa, quien se encontraba en el lugar, logró salir ilesa.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 hora local, cuando un individuo descendió de un taxi para arrojar un objeto incendiario contra el inmueble, desatando un fuego que las autoridades ya investigan formalmente por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de incendiarismo.
Investigaciones y amenazas previas
El periodista afectado se encontraba liderando diversas indagatorias sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a figuras públicas y empresarios, tales como el empresario Roberto Carretero, el exdirector de la Caja de Seguro Social Enrique Lau, el exdirector legal de Etesa Ewaldo Pittí y el abogado Lictor Reyna, a quienes recientemente se les había solicitado su postura oficial conforme a los protocolos informativos.
Aunque Rodríguez señaló que no recibió amenazas directas previas al atentado, sí fue advertido de una posible acción penal en caso de publicar los reportajes. Ante lo sucedido, el comunicador enfatizó la necesidad de cerrar filas.
"Los invito a cerrar filas contra este tipo de terrorismo que pone en peligro nuestra democracia y la armonía que se debe vivir en una sociedad democrática".
Amplio repudio nacional e internacional
El ataque ha generado una ola de condenas generalizadas en el país centroamericano. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se manifestó enérgicamente a través de sus redes sociales para rechazar la agresión sufrida por el comunicador y por cualquier ciudadano.
Asimismo, gremios periodísticos nacionales e internacionales, incluyendo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), exigieron una investigación inmediata y garantías de protección para el equipo de prensa afectado, recordando que la labor informativa y las investigaciones de carácter social no deben ser silenciadas mediante la violencia.