Aseguran tres toneladas de cocaína con destino a Rusia
La Policía Nacional ecuatoriana incautó 3,190 bloques de cocaína en un contenedor de banano destinado a Rusia en El Oro, Ecuador.
La Policía Nacional ecuatoriana llevó a cabo una importante incautación de cocaína en un contenedor cargado con banano destinado a la exportación a Rusia.
En la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, se encontraron 3.190 bloques de cocaína cuidadosamente ocultos entre las cajas de fruta, con un valor estimado de USD 6,6 millones en territorio ecuatoriano y posiblemente alcanzando los USD 254 millones en Rusia.
La geografía estratégica de Ecuador, limitando con Colombia y Perú, ha contribuido a su papel como punto crucial en el trasiego de drogas.
Los puertos ecuatorianos, incluido el de Guayaquil, se han convertido en puntos clave para el envío de sustancias ilícitas a mercados internacionales.
#ATENCIÓN|| EVITAMOS EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE 3 TONELADAS DE DROGA VALORADAS EN 254 MILLONES DE DÓLARES
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 2, 2024
Tras la inspección total a un contenedor en #ElOro, se encontró entre el producto 3.190 envolturas con clorhídrato de cocaína, que pretendía ser enviada hacía #Rusia.… pic.twitter.com/TPFqCCzN0Q
Además, la economía dolarizada del país y la compleja situación social y económica ofrecen un entorno favorable para las operaciones de los traficantes.
Ante esta situación, el presidente Daniel Noboa ha declarado un nuevo estado de excepción en varias provincias, incluyendo Guayas y El Oro, debido a los alarmantes índices de violencia
Los datos oficiales revelan que el 87% de las muertes violentas en el país involucran armas de fuego, y el 44% de los homicidios intencionales se concentran en Guayas.
La protección de niñas, niños y adolescentes también es una preocupación, con el 49% de los casos de violencia a nivel nacional ocurriendo en Guayas.
El estado de excepción implica restricciones en derechos como la inviolabilidad de domicilio, correspondencia, asociación y reunión, con el despliegue de fuerzas armadas y policiales para combatir el crimen organizado.
A pesar del respaldo del documento por parte de la Asociación Mundial de Juristas, su encaje constitucional ha sido motivo de debate y cuestionamiento, especialmente por parte de organizaciones internacionales como Human Rights Watch.
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