El juez federal argentino Sebastián Ramos solicitó este miércoles la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina, por una causa que se tramita en los tribunales del país sudamericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El caso abierto contra Maduro en Argentina se inició en 2023 por una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.
En la resolución, el magistrado ordenó librar un "exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América".
El juez Ramos, que basó su pedido de este lunes en el tratado de extradición que Argentina mantiene con Estados Unidos, ordenó en septiembre de 2024 la detención de Maduro así como también del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y otros miembros del Gobierno de ese país.
Tras aquella decisión, la Cámara Federal instruyó que se notificara el pedido de captura a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y consideró que la cúpula del Gobierno venezolano ejecutó "un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada" en contra de la población civil del país caribeño mediante prácticas de "persecución, secuestro, tortura y asesinato".
Ante la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez, dos días después, "que se inicie, por tanto, el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso".
En la resolución firmada este miércoles en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Ramos encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el pedido se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el órgano encargado de gestionar la diplomacia judicial.