Argentina solicitó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que disponga medidas contra el proyecto liderado por la petrolera israelí Navitas en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.
"Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte", informó en un comunicado el Ejecutivo de Javier Milei.
Según el comunicado, "la solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".
El Gobierno de Javier Milei anunció el pasado 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo (Alemania).
El objetivo de Argentina es detener el avance de Sea Lion, un proyecto 'offshore' (costas afuera) operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.
En rueda de prensa, el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, precisó este martes que se solicitaron al tribunal medidas para que el Reino Unido impida el inicio o la continuación del proyecto Sea Lion, se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración y cese de "impedir" que Argentina "cumpla con su obligación" de "proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia".
También pidió medidas para que el Reino Unido "se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa".
Al anunciar el 28 de septiembre que iniciaría el pedido de arbitraje internacional, Argentina dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para que tomara medidas para detener el proyecto.