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Argentina aún se debate con procesos a torturadores durante la dictadura

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“La justicia todavía no ha sido honrada porque siguen aún las demoras que hieren a todos los ciudadanos”, denunció la presidenta argentina, Cristina Kirchner, durante una ceremonia el viernes junto al director de la Unesco, Koichiro Matsura, exigiendo “que se juzgue a los responsables”.

Kirchner anunció que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el norte de Buenos Aires, transformada en Espacio para la Memoria en 2004, tomaría una dimensión internacional gracias a la Organización de las Naciones Unidas.

Unas 5.000 personas fueron torturadas en la ESMA y luego ejecutadas. Sólo un centenar de esos detenidos en la época de la dictadura lograron sobrevivir.

La presidente aseguró que este nuevo centro representa “el canto victorioso” de las víctimas de la pasada dictadura.

Pero esta victoria parece tener aún un sabor amargo para las autoridades argentinas que, después del ascenso al poder de Néstor Kirchner (2003-2007), la anulación de leyes de amnistía y la reapertura de los procesos judiciales, desean que los torturadores y verdugos sean rápidamente condenados.

Cristina Kirchner, que sucedió a su marido en la presidencia en 2007, continúa con esa política.

“Estamos más avanzados que muchos países, pero creo que tenemos mucho que hacer todavía”, dijo a la AFP el jefe de la diplomacia argentina, Jorge Taiana, al margen de la ceremonia.

El subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, va aún más lejos. “Lo que nos falta todavía es la parte de la justicia”, señaló, deplorando “la actitud de algunos miembros del poder judicial que contradice esta decisión del pueblo argentino de encontrar la verdad y dar la justicia”.

El proceso del adjunto del general Guillermo Suárez Mason, Jorge Olivera Rovere, de 82 años, acusado entre otros cargos de los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fue abierto esta semana.

Suárez Mason, jefe del primer cuerpo de ejército que controlaba la zona central del país, logró eludir a la justicia al morir en 2005 mientras se encontraba acusado de 254 secuestros.

Otra fuente de frustración: el ex jefe de la marina y responsable de la ESMA, el ex almirante Emilio Massera, de 83 años, fue hospitalizado esta semana. La justicia suspendió las causas en su contra en 2005 al declararlo “en estado de demencia”.

Sin embargo, un médico enviado por la justicia italiana, Piero Rocchini, aseguró que Massera dispone de “todas sus facultades” y “puede ser juzgado”.

En agosto, dos generales en retiro, mucho más conocidos que Olivera Rovere, fueron condenados: Antonio Bussi, ex gobernador de la provincia de Tucumán (noroeste) durante la dictadura, y su segundo, Luciano Menéndez.

Pero en diciembre pasado, se registró un nuevo revés: el ex capitán de la marina Alfredo Astiz, acusado de crímenes contra la humanidad, estuvo a punto de ser liberado antes de que el gobierno obtuviera una suspensión de esa decisión judicial. Kirchner calificó ese momento de un “día de vergüenza”.

La frustración de las autoridades argentinas se reforzó desde la desaparición el 18 de septiembre de 2006, por primera vez en democracia, de Julio López, un testigo clave en el proceso contra el ex comisario policial Miguel Etchecolatz, quien fue condenado a cadena perpetua.
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