El Teatro de la Ciudad de Saltillo “Fernando Soler” dejó de responder a los intereses culturales de los artistas coahuilenses y actualmente se encuentra “secuestrado” por intereses particulares, afirmó Gustavo García Torres, director general de la Asociación Coahuilense de Teatristas, al exigir que el Gobierno del Estado transparente el proceso mediante el cual entregó la administración del recinto a particulares.
El actor y director teatral destacó que desde hace más de tres meses la asociación presentó una solicitud formal para conocer las razones jurídicas y administrativas por las que el principal foro cultural de Coahuila fue entregado al Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO), organismo presidido por el empresario Rodolfo “Popo” Arizpe Sada, integrante de una de las familias empresariales más prominentes de Coahuila.
Explicó que, aunque recientemente sostuvo una reunión con la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, las respuestas recibidas fueron generales y no resolvieron los cuestionamientos planteados por la agrupación, por lo que continúan a la espera de una respuesta oficial por escrito.
“Yo me atrevería a decir que sí, que el teatro está secuestrado. No está cumpliendo con los propósitos que estableció don Óscar Flores Tapia. Era un teatro para la ciudad, para el pueblo y para los artistas coahuilenses”, expresó.
Precisó que el reclamo no está dirigido contra las personas que integran el patronato, sino contra la forma en que se tomó la decisión de entregar la administración de un inmueble público construido y mantenido con recursos estatales, sin que existiera —afirmó— una convocatoria abierta para que otros sectores culturales o ciudadanos presentaran proyectos de gestión.
En el escrito presentado el 25 de marzo y recibido oficialmente un día después por la Oficina del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado, la Asociación Coahuilense de Teatristas solicita conocer bajo qué figura jurídica se realizó la entrega del teatro, si existe un convenio o contrato de comodato, cuáles son las obligaciones del patronato y qué compromisos económicos continúa asumiendo el Gobierno del Estado.
Asimismo, pide explicar por qué no fue consultado el Consejo Ciudadano de Cultura, órgano previsto por la legislación estatal para participar en la definición de políticas públicas culturales, y si existió la autorización correspondiente del Congreso en caso de que la normatividad lo requiriera.
La organización también solicitó conocer el número de producciones que realizará el patronato, el monto de las inversiones comprometidas, los ingresos proyectados por taquilla y arrendamiento, los días que se destinarán al uso del recinto por grupos independientes y las áreas del inmueble que serán objeto de remodelación.
García Torres sostuvo que todas esas preguntas siguen sin respuesta y consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administra un bien público que continúa financiándose con recursos del erario.
“La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables cuando se trata de un espacio cultural que pertenece a todos los coahuilenses”, concluyó.