Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, pidió al síndico de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, transparentar los motivos por los que canceló los poderes legales de siete abogados que participaban en los procedimientos de quiebra de la siderúrgica y Minera del Norte (MINOSA).
El dirigente consideró que debe explicarse públicamente qué originó la decisión, particularmente porque las actuaciones de ese grupo de representantes legales provocaban constantes impugnaciones dentro del concurso mercantil.
Recordó que anteriormente manifestó sus inconformidades ante el propio síndico, la jueza Ruth Haggi Huerta García y funcionarios del Gobierno Federal.
Leija Escalante comentó que, durante un acercamiento con Aguilera Gómez, recibió como explicación que los abogados habían proporcionado servicios externos de asesoría a AHMSA y mantenían poderes otorgados durante la administración de Alonso Ancira Elizondo.
Sin embargo, sostuvo que es necesario conocer con claridad las circunstancias que llevaron a retirarles sus facultades de representación.
Revocación de abogados no debe frenar negociación de AHMSA
Sobre las posibles repercusiones de esta decisión en las negociaciones para integrar un consorcio entre Cargill Financial Services y Grupo Afirme, el dirigente sindical descartó que exista un riesgo de interrupción.
Aseguró que el procedimiento judicial conserva sus plazos y que las instituciones financieras deben continuar trabajando dentro del periodo de 90 días autorizado por el juzgado.
Como parte del seguimiento al proceso, recordó que recientemente participó en una reunión en Frontera con representantes de la Secretaría del Trabajo, a la que asistieron entre 50 y 60 trabajadores de AHMSA.
Durante el encuentro, los funcionarios explicaron las condiciones del plazo concedido a las instituciones financieras para evaluar una posible adquisición conjunta de las empresas.
Relató que uno de los trabajadores preguntó qué sucedería si Cargill y Afirme no concretan la operación al finalizar el periodo autorizado. La respuesta de los representantes de la dependencia fue que el procedimiento podría continuar mediante una subasta abierta, en la que participarían otros inversionistas interesados en adquirir las compañías.
Leija Escalante consideró que esa alternativa permitiría mantener abiertas las posibilidades de venta y podría beneficiar a los acreedores laborales, al ampliar la participación de interesados en la adquisición de AHMSA y MINOSA.
Pago de adeudos laborales debe ser prioridad
El secretario general del Sindicato Nacional Democrático recordó que durante la reunión con los funcionarios federales también se reiteró que cualquier inversionista que adquiera las empresas deberá responder primero por las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores.
Sostuvo que el reconocimiento de esos compromisos debe prevalecer independientemente de quién consiga adquirir las compañías, ya sea mediante el proyecto de Cargill Financial Services y Grupo Afirme o a través de una eventual subasta con otros participantes.
Respecto al primer informe presentado por las dos instituciones financieras, indicó que el documento reconoce la viabilidad de continuar con los trabajos para integrar el consorcio. No obstante, aclaró que todavía deben presentarse cinco reportes quincenales para completar el periodo de evaluación establecido por la autoridad judicial.
El reporte fechado el 3 de noviembre documentó avances en los análisis para conformar la asociación financiera, pero no incluyó una oferta formal de adquisición ni un compromiso definitivo de compra de AHMSA y MINOSA.
El dirigente sindical insistió en que el procedimiento debe avanzar conforme al calendario establecido y sin retrasos adicionales.
También pidió que las autoridades mantengan informados a los trabajadores sobre las decisiones judiciales y los resultados de las negociaciones, ante las repercusiones económicas que la paralización de las empresas mantiene en la Región Centro de Coahuila.
Como antecedente, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez formalizó el 27 de octubre la revocación de los poderes de siete abogados mediante dos escrituras públicas, que posteriormente fueron incorporadas al expediente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.
Además, solicitó que se considere como no presentado un recurso promovido por uno de los representantes, al argumentar que no contaba con autorización expresa para interponerlo. Esta última petición permanece sujeta a resolución judicial.