El Gobierno de Ramos Arizpe endureció su postura frente a concesionarios del transporte público y advirtió que cancelará concesiones a quienes no cumplan con la renovación y condiciones de sus unidades, tras el retiro inicial de vehículos fuera de norma.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino dejó claro que el plazo acordado desde diciembre ya venció y que el proceso de depuración continuará por rutas hasta regularizar el servicio.
Señaló que la exigencia no es adquirir unidades nuevas de inmediato, sino cumplir con requisitos básicos como contar con seguro vigente, placas en regla, antigüedad permitida por ley y condiciones físicas adecuadas para operar.
La advertencia surge como una segunda fase del operativo que inició con el retiro de al menos 10 unidades que no cumplían con el modelo permitido o presentaban fallas mecánicas y deterioro.
El edil explicó que no se aplicarán multas como primera medida, sino que se avanzará directamente en la cancelación de concesiones a quienes no acaten los lineamientos establecidos.
Añadió que en caso de reincidencia o intento de operar unidades fuera de norma, sí podrían aplicarse sanciones económicas adicionales.
De acuerdo con la Dirección de Transporte Municipal, los concesionarios cuentan con un plazo de 90 días para sustituir las unidades retiradas o regularizar su situación, luego de haber sido notificados previamente.
En medio del ajuste, el alcalde informó que algunos transportistas ya comenzaron a invertir en unidades de modelo reciente que se integrarán en rutas como Analco y Mirador, lo que permitirá mejorar gradualmente el servicio.
Sin embargo, advirtió que quienes no puedan cumplir podrían perder definitivamente la concesión, lo que abriría espacio a nuevos inversionistas interesados en operar el transporte público.
Aseguró que el servicio no se verá interrumpido, ya que el municipio garantizará la cobertura incluso si es necesario incorporar nuevos operadores.
El proceso busca elevar los estándares del transporte público en Ramos Arizpe, luego de detectar unidades con deficiencias en seguridad, documentación y condiciones generales, en perjuicio de los usuarios.