Tras el ataque ocurrido en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, la diputada Magaly Hernández advirtió que la violencia en los planteles educativos no puede enfrentarse únicamente con discursos o conferencias y sostuvo que es necesario modificar las leyes, establecer sanciones y fortalecer la atención psicológica para estudiantes.
Desde la tribuna del Congreso de Coahuila, afirmó que el magisterio vive momentos de temor y aseguró que actualmente “la profesión de ser maestro es de alto riesgo”.
Recuerda iniciativa para fortalecer la protección de docentes
La legisladora recordó que desde hace casi dos años presentó la iniciativa conocida como Ley Protem, que aún no ha sido aprobada, y señaló que en distintas ocasiones había advertido sobre la necesidad de fortalecer la protección de los docentes.
Recordó los casos de violencia registrados contra maestros en Ramos Arizpe y Saltillo, así como el reciente reto viral en una secundaria de la capital, y lamentó que haya sido necesaria una tragedia para volver a poner sobre la mesa la seguridad de las comunidades escolares.
Hernández cuestionó además que en casos como el ocurrido recientemente en la Secundaria General número 2 de Saltillo, donde señaló que ya se conocería quiénes son los responsables, los alumnos involucrados continúen asistiendo a clases sin que exista una sanción.
Consideró que cuando no hay consecuencias ante este tipo de conductas, se corre el riesgo de que sean replicadas, por lo que planteó la necesidad de revisar el marco legal y determinar las responsabilidades correspondientes, incluso cuando se trate de menores de edad.
Protocolos que no responden a la realidad
La diputada también cuestionó la efectividad de los actuales protocolos de seguridad y de la Operación Mochila, al señalar que, aunque existen lineamientos, estos no siempre pueden aplicarse en las condiciones reales de los planteles.
Explicó que en algunos casos se limita la autoridad de directivos y coordinadores, además de establecerse requisitos que dificultan las revisiones, particularmente en los turnos vespertinos.
Hernández sostuvo que tampoco corresponde a los maestros asumir funciones de especialistas en salud mental, por lo que consideró indispensable que las escuelas cuenten con atención psicológica y mecanismos adecuados para detectar y canalizar a los estudiantes que requieran ayuda profesional.
“Los maestros transmitimos un conocimiento, no somos los que canalizamos o detectamos si el alumno tiene algún aspecto de salud mental”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a las demás autoridades involucradas a revisar de manera conjunta los protocolos y lineamientos, incluyendo las nuevas disposiciones sobre el uso de teléfonos celulares.
Insistió en que no se trata de buscar culpables después de una tragedia, sino de establecer medidas que funcionen antes de que ocurran nuevos hechos de violencia, con acciones concretas, atención especializada y reglas claras para proteger tanto a estudiantes como a docentes.