Contener un incremento abrupto en los precios de la gasolina y el diésel resulta positivo para consumidores y empresas, pero debe realizarse sin trasladar el costo a las finanzas públicas, advirtió Juan Gerardo Oyervides Rodríguez.
El empresario gasolinero de Coahuila planteó que México requiere una política energética de largo plazo que garantice precios competitivos y abasto suficiente.
La declaración se produjo después de que se informó en medios nacionales que el Gobierno federal ha contenido el aumento internacional de los combustibles mediante un mecanismo que implica costos para Petróleos Mexicanos.
La publicación señaló que Pemex acumuló pérdidas estimadas en 10 mil 541 millones de pesos durante seis meses, equivalentes a 57.3 millones de pesos diarios.
Oyervides Rodríguez consideró que mantener estable el precio de los combustibles ayuda a evitar un impacto inmediato en la economía.
Sin embargo, señaló que cualquier mecanismo utilizado para contener el gasolinazo debe tener viabilidad financiera y evitar que el problema termine trasladándose a Pemex o al erario.
El empresario explicó que la gasolina y el diésel tienen una incidencia directa en prácticamente toda la cadena productiva.
Los costos de transporte, logística y proveeduría dependen de los combustibles, por lo que un incremento termina reflejándose en los precios de productos y servicios que adquieren los consumidores.
Gasolinazo impactaría transporte y precios
La información difundida por Agencia Reforma señala que el Gobierno federal estableció un tope de 24 pesos por litro para la gasolina Magna y de 27 pesos para el diésel, con el objetivo de contener el impacto del aumento internacional del petróleo. Pemex homologó los precios en sus terminales de almacenamiento y reparto para mantenerlos sin incrementos.
El empresario sostuvo que la contención de precios representa un beneficio inmediato para las familias y las empresas. No obstante, advirtió que el mecanismo pierde sentido si genera un costo financiero que posteriormente deba asumir la población mediante recursos públicos, mayores presiones presupuestales o afectaciones a la capacidad operativa de Pemex.
Oyervides Rodríguez señaló que el sector empresarial requiere certidumbre para planear sus inversiones y operaciones.
Por ello, consideró necesario establecer una política energética de largo plazo que permita mantener combustibles competitivos, garantizar el suministro y fortalecer la capacidad energética nacional sin deteriorar las finanzas públicas.
El empresario ya había advertido recientemente que los precios de la gasolina y el diésel mantienen presionados los márgenes de operación de las estaciones de servicio.
También señaló que un aumento en el diésel puede trasladarse a los costos de transporte y terminar afectando el precio de productos básicos.
Piden equilibrio entre precio y finanzas públicas
Oyervides Rodríguez planteó que la política de combustibles debe encontrar un equilibrio entre tres objetivos: proteger al consumidor, mantener competitivas a las empresas y preservar la estabilidad de las finanzas públicas. Consideró que ninguno de estos factores debe atenderse a costa de generar un problema económico posterior.
El empresario señaló que un aumento en los combustibles no afecta únicamente a quienes utilizan vehículos particulares.
El impacto se extiende a las empresas que trasladan mercancías, prestan servicios o dependen de transporte para distribuir productos, por lo que finalmente llega al bolsillo de las familias.
La preocupación del sector también se relaciona con la necesidad de garantizar condiciones de competencia para las estaciones que operan dentro de la legalidad. Oyervides ha señalado anteriormente que los controles y acciones contra el comercio ilegal de hidrocarburos son necesarios para evitar competencia desleal en el mercado de combustibles.
El empresario consideró que contener el precio de la gasolina y el diésel puede resolver una presión inmediata, pero sostuvo que la solución de fondo requiere una política energética sostenible.
La finalidad, dijo, debe ser evitar que el costo de estabilizar los combustibles termine pagándolo nuevamente la ciudadanía.
De esta manera, el sector empresarial reconoce el beneficio de evitar un gasolinazo en el corto plazo, pero plantea que la estrategia debe acompañarse de medidas que permitan sostener los precios sin generar nuevas presiones sobre Pemex y el erario. La certidumbre energética, agregó, debe convertirse en una política permanente y no solamente en una respuesta ante aumentos internacionales.