La Fiscalía General de Coahuila solicitará reclasificar de violencia familiar agravada a homicidio el delito que se atribuye a la madre y al padrastro de Darleth Sarahí, la bebé de un año que murió en el Hospital Materno Infantil de Saltillo tras presentar lesiones graves.
Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, confirmó que ambos adolescentes permanecen bajo internamiento preventivo mientras continúa la investigación complementaria. Una vez concluida esta etapa, el Ministerio Público buscará modificar la clasificación jurídica del caso.
Necropsia establece hemorragia cerebral como causa de muerte
La pequeña falleció la noche del 19 de octubre, después de permanecer hospitalizada desde el día 15. La necropsia estableció como causa de muerte una hemorragia cerebral secundaria a un traumatismo craneoencefálico.
El delegado explicó que la investigación se sustenta principalmente en pruebas científicas y periciales, debido a que los hechos ocurrieron dentro del entorno familiar y no se cuenta con testimonios directos que permitan reconstruir por completo la agresión.
De acuerdo con la Fiscalía, la versión proporcionada inicialmente por la madre y el padrastro sobre una supuesta caída no coincide con las lesiones encontradas en el cuerpo de la niña. Los abuelos también refirieron esa explicación durante las indagatorias.
Loera Ruiz aclaró que todavía no se ha establecido con precisión la mecánica de las lesiones, por lo que no puede afirmarse como hecho comprobado que la bebé haya sido arrojada al suelo.
El caso se desarrolla bajo la justicia penal para adolescentes
La intervención de las autoridades comenzó después de que el personal médico detectara indicios compatibles con maltrato infantil y notificara a la Fiscalía, conforme a los protocolos de atención hospitalaria.
Por tratarse de dos personas menores de edad, el procedimiento se desarrolla bajo el sistema de justicia penal para adolescentes. El delegado señaló que, en caso de una sentencia condenatoria y conforme a las condiciones legales aplicables, podrían enfrentar una medida máxima de internamiento de cinco años.