Un grupo de “padres obstruidos”, acompañados de sus familiares se manifestaron este miércoles en el exterior de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Saltillo para exigir que se garantice el derecho de sus hijos a convivir con ambos progenitores, denunciando separaciones arbitrarias y falta de empatía en los procesos de las instituciónes.
El colectivo Padres por la Verdad redactó un documento dirigido a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, donde plantean cuatro demandas principales: garantizar el derecho a la convivencia familiar, dar mayor transparencia a los procesos, capacitar de manera permanente al personal de PRONNIF y Fiscalía, y crear espacios seguros para la niñez durante los procedimientos.
Karla Rivera, hermana de uno de los padres afectados, explicó que la movilización se detonó tras difundirse un video en el que su sobrina no quiere regresar con familiares señalados como violentos.
“Ese caso hizo visible lo que muchos viven: mi hermano estuvo un año sin ver a mi sobrina, pero hay papás que llevan hasta cinco años sin contacto con sus hijos. Las restricciones se aplican a los padres, no a los niños, y eso no garantiza su derecho a convivir”, afirmó.
Carlos García, uno de los manifestantes, relató que tras denunciar violencia contra sus hijas fue acusado con denuncias falsas, lo que derivó en una orden de restricción.
“Pongo la denuncia para protegerlas y lo que recibo a cambio es que me quitan el derecho de verlas. Los procesos son lentos y se ignoran los testimonios y las pruebas”, denunció.
Otro caso expuesto fue el de Johnny Emanuel Robles, quien acusó la sustracción de sus hijos a Colima desde hace más de un año.
“Solo me han permitido convivir con ellos de forma limitada, en la cochera de una casa y bajo condiciones humillantes. Nuestros hijos tienen derecho a crecer felices y en convivencia con ambas familias, pero las autoridades retrasan todo y los únicos perjudicados son los niños”, expresó.
Los manifestantes acusaron un “modus operandi” en el que, a través de denuncias falsas y medidas de restricción, se impide la convivencia entre padres e hijos.
Por ello, demandaron que las autoridades estatales y judiciales prioricen el interés superior de la niñez y escuchen sus voces en cada proceso.