Organismos empresariales en Coahuila urgieron a las autoridades a frenar los intentos de extorsión atribuidos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y pidieron que se prohíba a sus integrantes portar armas, tras las denuncias presentadas por cámaras de Gómez Palacio, Durango.
El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, advirtió que no se puede poner en riesgo la estabilidad laboral que distingue a la entidad.
“Lo que pedimos es que se aplique todo el peso de la ley. En Coahuila no podemos permitir actos ilícitos, amenazas o extorsiones hacia los colaboradores”, declaró.
Recordó que el estado ha mantenido más de cuatro décadas sin huelgas, un factor que ha permitido atraer inversión y competitividad.
“Estamos a favor de la libertad sindical, pero no a través de presiones ni con armas afuera de las empresas. Eso pondría en riesgo la paz laboral que hemos cuidado durante tantos años”, añadió.
Por su parte, el presidente de Canacintra Laguna, Pablo García Chacón, explicó que en Coahuila solo se han registrado intentos, pero en Durango la situación ha sido más grave.
“Llegaron cámaras de Gómez Palacio con frustración, con desesperación y asustados por amenazas. Aquí no tenemos esa situación, pero sí es preocupante”, comentó.
El dirigente fue enfático al señalar que ningún organismo sindical debe portar armamento.
“No se justifica que un sindicato traiga armas largas. Eso no es libertad sindical, es intimidación”, dijo.
También subrayó la importancia de mantener la unidad empresarial para impedir que el problema se expanda hacia Coahuila: “Queremos que la Comarca Lagunera siga siendo una región de producción en paz, como todo mundo tiene derecho”.
García Chacón reconoció que en Coahuila hay respaldo de las autoridades estatales y federales, lo que brinda confianza al sector.
“De este lado nos sentimos tranquilos porque tenemos el apoyo del Ejército, la Fiscalía y la seguridad pública. El gobernador ha invertido mucho en seguridad y no va a permitir extorsiones ni cobros de piso”, aseguró.
Ambos líderes coincidieron en que el gobierno de Durango debe asumir con mayor firmeza la problemática.
“No basta con decir que pongan denuncias, porque muchas veces los empresarios tienen miedo. Hay situaciones que se ven a plena luz y no se les ha dado seguimiento”, alertó García Chacón.