Lizbeth “N”, presidenta de la Fundación Frichem, quedó en prisión preventiva por su presunta participación en el delito de maltrato animal contra 53 perros que se encontraban bajo resguardo de la organización en Castaños.
La medida cautelar fue impuesta durante su audiencia inicial, en la que la defensa solicitó ampliar el término constitucional para preparar sus argumentos antes de que se determine su situación jurídica.
La audiencia comenzó con más de tres horas de retraso y concluyó con la determinación de continuar el procedimiento el próximo viernes al mediodía.
Será entonces cuando un juez de control del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Monclova analice los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado y determine si existen elementos para vincular a proceso a la imputada.
Prisión preventiva mantiene detenida a presidenta de Frichem
La Fiscalía atribuye a Lizbeth “N” responsabilidad relacionada con las condiciones en que permanecían los animales en el albergue de la Fundación Frichem.
Los perros fueron encontrados durante un operativo en Castaños y, de acuerdo con los dictámenes veterinarios incorporados a la investigación, presentaban lesiones, desnutrición y diversos problemas de salud.
La acusación contra la presidenta de la fundación se relaciona con 53 de los animales considerados dentro de la investigación. La Fiscalía sostiene que la responsabilidad puede derivarse de las obligaciones de cuidado y protección que tenía la representante respecto de los perros, aun cuando la autoridad no necesariamente tenga que demostrar que ella provocó personalmente las lesiones.
La detención de Lizbeth “N” ocurrió después de que el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión y desarrolló labores para localizarla.
Su captura amplió la investigación iniciada previamente contra Juan Manuel “N”, identificado como cuidador del inmueble donde permanecían los animales y quien también enfrenta un proceso por hechos relacionados con el caso.
El expediente se originó después de una denuncia presentada ante la Fiscalía por asociaciones dedicadas a la protección y rescate de animales.
Posteriormente, elementos de la autoridad realizaron un cateo en un inmueble de Castaños, donde inicialmente se informó sobre el rescate de 63 perros, aunque las cifras manejadas posteriormente dentro de la investigación han variado.
La Fiscalía ha señalado que los dictámenes practicados a los animales fueron determinantes para establecer las condiciones en que se encontraban.
Las valoraciones médicas documentaron afectaciones físicas y nutricionales que forman parte de los datos utilizados por el Ministerio Público para sustentar las imputaciones contra las personas relacionadas con el albergue.
Defensa solicita ampliación del término constitucional
Durante la audiencia inicial, los abogados de Lizbeth “N” solicitaron la ampliación del término constitucional para contar con mayor tiempo para analizar la imputación y preparar la defensa.
Por esta razón, el juez de control no resolverá todavía si la acusada debe ser vinculada a proceso por el delito que le atribuye el Ministerio Público.
La continuación de la audiencia quedó programada para el viernes al mediodía en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Monclova.
En esa diligencia, el juez deberá valorar los datos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa para determinar si existe probabilidad de que la imputada haya participado en los hechos investigados.
La prisión preventiva corresponde a una medida cautelar y no constituye una sentencia. Lizbeth “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva que determine su responsabilidad penal por los hechos que le fueron imputados.
El proceso de la presidenta de Frichem se suma al procedimiento iniciado contra Juan Manuel “N”, quien fue señalado por la Fiscalía como cuidador del albergue.
En ese caso, la autoridad judicial también determinó prisión preventiva mientras continúa el procedimiento derivado de las condiciones encontradas en el inmueble.
La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación para establecer si existen más personas relacionadas con el funcionamiento del albergue y con las condiciones en que se encontraban los animales.
La autoridad ministerial ha señalado que continuará reuniendo información para determinar si existen elementos suficientes para proceder contra otros posibles involucrados.
Fiscalía analiza concurso real por animales afectados
Uno de los aspectos jurídicos centrales de la investigación es la posibilidad de que los hechos sean considerados bajo la figura de concurso real de delitos.
La Fiscalía ha planteado esta posibilidad debido al número de perros afectados y a la necesidad de analizar individualmente las conductas relacionadas con cada uno de los animales.
La legislación de Coahuila contempla penas de prisión para diversas conductas de crueldad contra seres sintientes. Bajo el supuesto de que pudiera aplicarse una pena máxima de cuatro años por cada hecho, una operación matemática con 53 animales produciría una suma de 212 años de prisión.
Sin embargo, esa cantidad no representa la condena que automáticamente podría recibir Lizbeth “N” en caso de ser encontrada responsable. La suma de las penas individuales debe someterse a las reglas establecidas por el Código Penal de Coahuila para los casos de concurso real y a los criterios de individualización que corresponden a la autoridad judicial.
En el escenario planteado por la Fiscalía, cuando los delitos que integran el concurso real no son considerados graves, existe un límite legal para la pena total unificada.
Bajo esas condiciones, el máximo efectivo podría ubicarse en 25 años de prisión, y no en los 212 años resultantes de sumar aritméticamente cuatro años por cada uno de los 53 animales.
La determinación final dependerá de la clasificación jurídica de los hechos, las pruebas que sean admitidas durante el proceso y el grado de responsabilidad que eventualmente establezca el juez.
La Fiscalía deberá acreditar sus imputaciones y la defensa tendrá la posibilidad de controvertir los elementos presentados ante la autoridad judicial.
Por ahora, el caso continúa en etapa inicial y la situación jurídica de Lizbeth “N” permanece pendiente de resolución. La audiencia del viernes será determinante para establecer si los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso por el presunto maltrato animal.
Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las condiciones en que permanecían los perros en la Fundación Frichem y determinar las responsabilidades que correspondan a las personas encargadas de su cuidado. La Fiscalía también deberá definir si existen otros involucrados y si los elementos reunidos permiten solicitar nuevas acciones judiciales.
