Los recientes casos de crueldad animal registrados en Coahuila no solo representan conductas que pueden castigarse con prisión, sino que también reflejan un posible problema de salud mental en quienes los cometen, advirtió el abogado penalista Gerardo Antonio Pérez Pérez, al analizar los hechos que involucran a Rocky y al caso de León “N”.
El especialista consideró que actos como amarrar, arrastrar o atropellar deliberadamente a un animal indefenso evidencian un nivel de violencia que va más allá de una infracción legal y que debe preocupar a la sociedad por el perfil conductual de los responsables.
Más allá de la sanción, lo que refleja es el desorden mental de una persona. Amarrar a un animalito, arrastrarlo, atropellarlo y repetir esa conducta dos o tres veces refleja un desequilibrio que nos preocupa y que tiene que ver con la estabilidad o la salud mental de quien hace esto”, expresó.

Crueldad animal ya es un delito en Coahuila
El abogado explicó que la crueldad animal dejó de ser únicamente una falta administrativa y, desde hace aproximadamente cuatro años, fue incorporada al Código Penal del Estado de Coahuila como un delito, lo que permite a las autoridades iniciar investigaciones penales y solicitar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
Precisó que las penas contempladas actualmente van de tres a ocho años de prisión, aunque pueden incrementarse cuando el maltrato provoca la muerte del animal o cuando existen circunstancias agravantes.
En el caso de Rocky, Pérez Pérez consideró que los videos difundidos en redes sociales constituyen un elemento de prueba relevante, ya que muestran de manera directa la conducta atribuida a la presunta responsable.
Los videos muestran una flagrancia. A mi juicio, acreditan sin ninguna duda el hecho y la atribución de esa conducta a una persona determinada”, afirmó.

Si el animal muere, la sanción aumenta
El penalista explicó que cuando las lesiones derivadas del maltrato ocasionan la muerte del animal, el delito no cambia de clasificación, pero sí se agrava, lo que permite imponer una pena mayor.
Añadió que en casos donde existen múltiples víctimas, como ocurre en la investigación que enfrenta León “N”, la Fiscalía puede solicitar la acumulación de los delitos, lo que podría traducirse en una sanción superior a la prevista para un solo hecho.
Si existen varios animales víctimas, lo procedente es que cada conducta sea tomada en cuenta. La acumulación de los hechos puede derivar en una pena mayor”, indicó.
Los cateos fortalecen las investigaciones
Respecto a las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado, el abogado explicó que los cateos constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las carpetas de investigación, ya que permiten localizar evidencia material, restos biológicos, indicios de maltrato y otros elementos periciales que respalden las acusaciones.
Incluso, señaló que, aunque una escena haya sido limpiada, existen reactivos químicos utilizados por los peritos que permiten detectar rastros de sangre y otros indicios relevantes para la investigación.
Finalmente, Pérez Pérez sostuvo que, independientemente de las sanciones penales que correspondan, los casos recientes deben abrir una reflexión sobre la violencia ejercida contra los animales y la necesidad de atender oportunamente los trastornos de conducta que pudieran existir detrás de este tipo de agresiones, al considerar que la crueldad extrema hacia seres indefensos representa un foco de alerta para la sociedad.