Una parte de las personas que denunciaron haber sido víctimas del presunto fraude conocido como “Lady Tandas”, registrado en Monclova, logró avanzar hacia la recuperación de su dinero mediante un acuerdo reparatorio con asesoría del despacho Garza & Asociados. Sin embargo, otras personas que reportaron pérdidas económicas permanecen sin una solución para recuperar sus recursos.
El caso, relacionado con Tabatha Priscila Cepeda Tovar, comenzó a tomar relevancia pública el 22 de julio de 2026, luego de que presuntos afectados expusieran en redes sociales que habían entregado dinero para participar en diferentes tandas, pero dejaron de recibir los pagos comprometidos.
Las primeras denuncias hicieron referencia a un perjuicio económico superior a 1.5 millones de pesos. Posteriormente, conforme se incorporaron nuevos testimonios, las cantidades señaladas aumentaron a más de 3.2 millones de pesos, con aproximadamente 30 personas que aseguraron haber sufrido afectaciones patrimoniales.
Entre los testimonios difundidos figuró el de una participante que aseguró haber perdido alrededor de 340 mil pesos, después de mantener durante más de dos años su participación en distintos grupos de ahorro informal. Los primeros incumplimientos habrían comenzado a finales de 2025.
Acuerdo beneficia solamente a un grupo
Ante las reclamaciones, un sector de los afectados recurrió a los servicios del despacho Garza & Asociados, encabezado por el abogado Jorge Garza, para buscar una salida legal al conflicto y gestionar la recuperación de las cantidades entregadas.
La intervención jurídica incluyó el acompañamiento de los denunciantes, la presentación de las reclamaciones correspondientes y la recopilación de documentación para respaldar sus aportaciones económicas. Estas acciones permitieron concretar un acuerdo reparatorio únicamente para quienes participaron en dicho procedimiento.
No obstante, el resultado no significa que todas las personas que denunciaron haber sido perjudicadas hayan recuperado su patrimonio. La solución alcanzada comprende a un grupo específico, mientras otros continúan a la espera de una resolución.
El abogado destacó la importancia de acudir ante las autoridades y formalizar las denuncias penales, en lugar de limitar las inconformidades a publicaciones en plataformas digitales, señalando que contar con pruebas documentales fortalece las posibilidades de respuesta legal.
Recomiendan conservar comprobantes y prevenir riesgos
Como parte de las recomendaciones derivadas del caso, Garza consideró necesario que quienes participan en mecanismos de ahorro entre particulares mantengan registros rigurosos de todas sus operaciones y establezcan condiciones claras sobre la entrega y devolución del dinero.
Entre los documentos que sirven como respaldo, mencionó comprobantes de depósitos, transferencias bancarias, recibos, conversaciones de mensajería y cualquier evidencia que permita acreditar las cantidades entregadas, así como los compromisos asumidos por los administradores de los fondos.
El acuerdo alcanzado representa una alternativa para el grupo que consiguió formalizar una solución jurídica, aunque no extingue las reclamaciones de quienes todavía buscan recuperar su inversión.
Las autoridades y especialistas reiteran el llamado a extremar precauciones en esquemas informales de ahorro, recordando que las cifras estimadas de afectación superan los 3.2 millones de pesos en la región.