En medio de una controversia por presuntos casos de hostigamiento y acoso laboral se encuentra la consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Leticia Bravo Ostos, luego de que una investigación periodística revelara testimonios de extitulares de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión que la señalan por conductas presuntamente relacionadas con este tipo de prácticas.
La investigación documentó que tres de las cinco personas que han encabezado esa Unidad reportaron haber enfrentado situaciones de violencia, hostigamiento o conflictos laborales durante su paso por el área.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Mónica Dinorah Ortiz Cinco, quien al dejar la titularidad de la Unidad señaló en su escrito de renuncia haber enfrentado un presunto ejercicio sistemático de hostigamiento y acoso laboral y atribuyó esos señalamientos a la actuación de Bravo Ostos.
Unidad de Paridad registra alta rotación de titulares
La controversia cobra relevancia debido a que la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión fue creada para atender temas relacionados con igualdad, inclusión, no discriminación y perspectiva de género dentro del organismo electoral.
El área ha registrado además una alta rotación desde su creación en 2022, con cinco personas que han ocupado la titularidad en un periodo de aproximadamente cuatro años.
Consejera del INE pide evitar conclusiones anticipadas
Consultada sobre estos señalamientos, Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, explicó que no cuenta con elementos suficientes para emitir una postura sobre el fondo del caso y señaló que desconoce si las quejas mencionadas han sido presentadas formalmente ante alguna autoridad competente.
“Yo no tengo conocimiento como tal de que se haya presentado alguna queja o alguna denuncia”, señaló.
Humphrey explicó que el INE y los organismos públicos locales electorales son instituciones distintas y que el instituto nacional no actúa automáticamente como superior jerárquico del personal del IEC.
Sin embargo, sostuvo que cualquier autoridad que reciba una denuncia debe revisar si cumple con los requisitos necesarios para darle trámite.
“Todas las autoridades de este país tienen la obligación de, si se cumple con los elementos necesarios, tramitar cualquier queja o denuncia”, afirmó.
Protocolos deberán considerar pruebas y competencias
La consejera nacional agregó que existen protocolos para atender casos relacionados con hostigamiento, acoso sexual y acoso laboral, los cuales deben considerar las pruebas, diligencias y competencias correspondientes antes de emitir cualquier resolución.
También señaló que debe actuarse con prudencia y evitar conclusiones anticipadas mientras no se conozca formalmente el contenido de las posibles denuncias y la autoridad que, en su caso, tendría competencia para investigarlas.
Humphrey insistió en que primero deberá determinarse si las denuncias existen formalmente, si reúnen los requisitos legales y qué instancia debe conocer de ellas.
Hasta el momento, los señalamientos contra Leticia Bravo permanecen en el terreno de las acusaciones y testimonios recogidos por la investigación periodística, sin que exista una resolución oficial que establezca responsabilidad en su contra.