En medio del incremento de divorcios y disputas por la custodia de menores, el Gobierno de Coahuila reforzará los protocolos de atención entre las instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar que los conflictos entre los padres vulneren sus derechos o afecten su desarrollo emocional, informó la procuradora para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), María Teresa Araiza Lobo.
La funcionaria explicó que la instrucción es fortalecer la coordinación entre la PRONNIF, el Poder Judicial, la Fiscalía Especializada para Niños, Niñas y la Familia y el Centro de Atención Integral (CAI), donde especialistas en psicología realizan las evaluaciones que sirven de apoyo para la toma de decisiones judiciales.
Araiza Lobo señaló que uno de los principales objetivos es que las resoluciones privilegien el bienestar de las niñas, niños y adolescentes por encima de los conflictos entre los padres, además de consolidar mecanismos que permitan proteger sus derechos durante los litigios familiares.
Destacó que uno de los avances más importantes ha sido impulsar que las autoridades judiciales escuchen de manera directa a niñas, niños y, especialmente, a los adolescentes, ya que sus opiniones deben formar parte de las resoluciones relacionadas con la convivencia, la guarda y custodia y su entorno familiar.
La procuradora explicó que, cuando las disputas entre los adultos derivan en situaciones como el abandono del hogar, cambios de domicilio o conflictos por la custodia, el Estado debe garantizar que los menores cuenten con un lugar seguro donde vivir, alimentación, continuidad en sus estudios y atención integral mientras se resuelve el proceso legal.
Asimismo, advirtió que los divorcios pueden generar afectaciones emocionales importantes en las infancias y adolescencias, reflejándose en bajo rendimiento escolar, alteraciones en la conducta o problemas de salud mental, por lo que recomendó que las familias busquen acompañamiento psicológico durante estos procesos.
Finalmente, hizo un llamado a madres, padres y abogados a privilegiar acuerdos que protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, evitando involucrarlos en los conflictos entre los adultos y colocando siempre su bienestar como la principal prioridad.