Bolim SLT garantizaría la contratación de empleados

Los representantes legales en México de la empresa coreana Bolim SLT, S. de R.L. de C.V., dieron a conocer que, en caso de recuperar la operación de sus máquinas, se garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores actualmente asignados a HL Mando Corporation México S.A. de C.V. 

Los abogados indicaron que tienen instrucciones directas de su corporativo en Corea para salvaguardar los empleos de los colaboradores afectados por la disputa legal.

El representante legal de Bolim SLT, Manuel Corrales, reconoció la incertidumbre que enfrentan los empleados, especialmente por el posible cese de actividades tras la orden federal de inhabilitar las máquinas. Sin embargo, afirmó que la empresa está comprometida con la preservación de los puestos de trabajo y, de ser necesario, asumiría la contratación de los empleados involucrados.

El conflicto legal entre ambas empresas surgió tras la firma de un contrato de comodato que, según Bolim SLT, se realizó de forma irregular. La empresa argumenta que el acuerdo fue firmado por un empleado de la compañía sin la capacidad jurídica ni el conocimiento necesario para representar a la empresa en un acto de esta naturaleza. 

Según la parte actora, el contrato permitió que HL Mando Corporation tomara posesión de las máquinas de forma gratuita y por tiempo indefinido, lo que Bolim SLT considera ilegal.

Además, la empresa denunció la existencia de una supuesta deuda inventada por parte de HL Mando Corporation, la cual asciende a 3 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de pesos mexicanos). 

Esta deuda, afirman, fue generada con el propósito de ejecutar juicios mercantiles y apropiarse de la maquinaria de forma definitiva.

El representante legal de Bolim SLT explicó que, previo a la firma del contrato de comodato, ambas empresas mantenían acuerdos comerciales que incluían el pago mensual de una renta por el uso de las máquinas. Sin embargo, sostiene que los directivos de HL Mando violaron estos acuerdos y procedieron a la firma del contrato irregular.

Actualmente, la disputa se encuentra en el Juzgado Primero Civil, a cargo de Armando Esparza Ramírez, quien ha sido señalado por desacatar una orden federal de inhabilitación de las máquinas, pese a que el Juez Segundo de Distrito ordenó la suspensión de su uso, la medida no ha sido acatada, lo que derivó en la imposición de multas y el inicio de un procedimiento penal contra el juez local.